Por presunta administración desleal

La Fiscalía pide de tres años y medio a cinco años de prisión para los expresidentes Abengoa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido entre tres años y seis meses y cinco años de prisión para los expresidentes de Abengoa, Felipe Benjumea y Antonio Fornieles, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por un presunto delito de administración desleal, según recoge su escrito de acusación.

ondacero.es

Madrid | 20.01.2017 13:53

Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa
Felipe Benjumea, expresidente de Abengoa | Agencia EFE

El fiscal José Perals ha solicitado la apertura de juicio oral contra Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, y las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde por el cobro de indemnizaciones millonarias cuando dejaron la empresa.

El fiscal pide cinco años de prisión y una multa de 90.000 euros (300 euros diarios durante diez meses) para Benjumea; cuatro años y tres meses de prisión y multa de 72.000 euros (300 euros diarios durante ocho meses) para Sánchez Ortega; y tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros al día durante seis meses) para Fornieles.

En cuanto a las dos exconsejeras, el fiscal solicita para ambas tres años y seis meses de prisión y multa de 36.000 euros (200 euros diarios durante seis meses).

El fiscal pide que, por su responsabilidad civil, Sánchez Ortega indemnice a Abengoa con 4,48 millones de euros.

A Benjumea, Fornieles, Velarde y Gracia, el fiscal les reclama una indemnización conjunta y solidaria de 11,48 millones.

Para la vista oral, el fiscal propone como pruebas el interrogatorio de los acusados y la declaración de una serie de testigos, entre ellos el exministro y ex consejero de Abengoa Josep Borrell; el expresidente de la compañía José Domínguez Abascal, y el ex consejero delegado de la compañía Santiago Seage.

El pasado 13 de enero, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propuso llevar a juicio oral a Benjumea, Fornieles, Sánchez Ortega, Gracia y Velarde.

Desde ese momento, la Fiscalía y las acusaciones particulares disponían de un plazo de diez días para solicitar la apertura de juicio oral, el archivo de la causa o la práctica de nuevas diligencias.