En un decreto, el ministerio fiscal acuerda archivar las diligencias que abrió, por un delito de malversación de caudales públicos, sobre el viaje a Bruselas de un grupo de alcaldes de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y de la Associació Catalana de Municipis (ACM), que costó 62.000 euros en total.
La investigación se abrió a raíz de un informe de la Policía Nacional, al que se sumaron dos denuncias presentadas por un particular y por la Plataforma por el Respeto, la Igualdad y la Justicia, así como un oficio del fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, por el viaje de los alcaldes a un acto municipalista que convocó el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas.
En su informe, la Policía Nacional apuntaba que, pese a que las facturas del viaje fueron abonadas por la ACM, algunos de los alcaldes que fueron a Bruselas manifestaron a los medios que los desplazamientos habían ido a cargo de los fondos de sus respectivos ayuntamientos.
A requerimiento de la Fiscalía, la ACM acreditó documentalmente el ingreso de los 300 euros que costó el viaje por parte de los 167 alcaldes que participaron en la manifestación de Bruselas. En algunos casos, según detallaba la ACM en su documentación remitida a la Fiscalía, fue el ayuntamiento el que abonó el coste del viaje, "ante la creencia inicial por parte de su alcalde de que se trataba de gastos de representación", aunque después esas cantidades fueron devueltas por el edil a las arcas públicas.
Tras analizar la documentación aportada, la Fiscalía concluye que no hay indicio alguno de los que los gastos de viaje y estancia de los 167 alcaldes denunciados "para asistir a lo que la ACM denomina un pacto municipalista organizado por la AMI procedieran, ni en todo ni en parte, de fondos públicos de sus respectivos consistorios".
El único caso lo constituye, según la Fiscalía, el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), que el 6 de noviembre abonó 300 euros para el viaje del alcalde que fueron reintegrados por el mismo en enero de este año. "Nada permite dudar de tal creencia errónea y, en todo caso, la cantidad indebidamente satisfecha resulta escasamente significativa y ha sido posteriormente reintegrada", agrega el ministerio público en su escrito.
La acusación pública ordena comunicar el decreto de archivo a los denunciantes, advirtiéndoles de que, si no están conformes, pueden reiterar su denuncia en los juzgados o, en el caso de que se trate de alcaldes aforados, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).