"Cacsa tenía auditoría a través de la intervención de la Comunidad Valenciana (que realizaban firmas internacionales) y se sometía a la fiscalización de la Sindicatura de Cuentas", que solo apreció problemas "formales" en el empleo de la fórmula del "patrocinio" para financiar los foros sobre deporte Valencia Summit, que se realizaron en 2004, 2005 y 2006.
El ex alto cargo, que ha abierto la séptima jornada del juicio del caso Nóos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados junto a otras 16 personas, ha asegurado hoy que el acuerdo con Nóos "era un convenio más" de los muchos que realizó la entidad y no tenía que someterse a la ley de contratos públicos.
Vela ha señalado que Cacsa estaba eximida de cumplir las reglas de contratación pública en el "patrocinio" de esos foros porque "es de la administración pero no es administración" y se rige a efectos contractuales por la normativa de derecho privado.
El acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de entre 6 y 11 años de prisión por prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ha respondido hoy solo a las preguntas de los abogados defensores de los otros acusados de la "rama valenciana" del caso Nóos y se ha negado a contestar a la acusación particular ejercida por la Abogacía de la Generalitat Valenciana.
Ayer comenzó su declaración respondiendo a las preguntas de la Fiscalía en un tono que hoy la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha pedido que "modere" y rehusó contestar al letrado de la acusación popular del grupo municipal socialista de Valencia.
En las dos horas durante las que ha declarado esta mañana, sin tener que responder a ninguna pregunta incriminatoria, Vela ha hecho hincapié en que en "desde el minuto uno" de su incorporación a Cacsa (2005 en sustitución del también acusado José Manuel Aguilar) se le transmitió que la entidad de titularidad pública no tenía que atender los principios de concurrencia y publicidad propios de la contratación por parte de las administraciones.
"¿Qué elementos negativos tenía para no firmar?" las adendas por las que se prorrogó en 2005 y 2006 el convenio de colaboración firmado en 2004 con la asociación sin ánimo de lucro impulsada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres. "Lo contrario hubiera sido lo que no había que hacer", ha apostillado.
Ha reiterado que la continuidad de unos foros que estaban englobados en las acciones promocionales de la Copa América que se celebró en 2007 fue una decisión del consejo de administración de Cacsa, que él compartía y que se realizó sin informes jurídicos ni económicos específicos porque no eran necesarios.
Tras la declaración de Vela está prevista la comparecencia como acusada de la exdirectora de gestión de Cacsa, Elisa Maldonado, para quien las acusaciones piden penas de 8 a 11 años por los mismos presuntos delitos que su superior.
