El Defensor del Pueblo se muestra contrario a que los padres maltratadores visiten a sus hijos

El Defensor del Pueblo se ha mostrado en contra de que los padres maltratadores puedan visitar a sus hijos. Para proteger a las niñas y niños, el Defensor pide que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas. Además, en su opinión, es necesario que la valoración del riesgo que realiza la Policía, cuando una mujer denuncia maltrato, lleve aparejada una valoración individual y específica de la situación de riesgo de sus hijas e hijos.

También ha reclamado un cambio en la política de vivienda para contar con una mayor oferta pública a favor del alquiler social que debería destinarse a los colectivos más desfavorecidos y ha pedido a las administraciones más recursos y rapidez para atender situaciones de emergencia social.

En este sentido, en opinión del Defensor del Pueblo "no ha habido política de vivienda" y esto ha derivado en la realidad actual, en la que las administraciones no cuentan con viviendas suficientes para dar respuesta inmediata a las necesidades sociales más urgentes, como desahucios de unidades familiares con menores de edad.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha insistido en que a lo largo de la crisis económica, y en función de las medidas de austeridad adoptadas a partir de 2010, se ha vivido un retroceso en la política de vivienda que ha conducido a España a estar entre los países europeos con menor nivel de protección social "en un bien tan esencial".

Asimismo, el Defensor del Pueblo se ha mostrado "especialmente" preocupado por las consecuencias de la venta de vivienda pública a empresas privadas y ha pedido, por ello, que se creen procedimientos específicos de adjudicación de vivienda protegida para los afectados.

También ha censurado el cobro de determinadas comisiones bancarias por parte de las entidades financieras, en especial en aquellos casos de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

En el informe de gestión correspondiente a 2018, que el organismo ha entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, se recuerda que se investigó ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa la legalidad del cobro de comisiones por realizar ingresos en efectivo en las cuentas corrientes.