Policía, Guardia civil y responsables de vigilancia aduanera en la zona de la costa de Cádiz llevan años denunciando las condiciones laborales precarias para luchar contra el narcotráfico, algo que se ha visto acrecentado tras el desmantelamiento de hecho del OCON Sur, el Organismo de Coordinación del Narcotráfico que contaba con 150 agentes destinados a este fin.
Denuncian que se envían efectivos con cuentagotas que no sirven para cubrir las bajas continuas porque las condiciones no son solo extremas para los agentes, también para sus familias. Cuentan que a un suboficial de la Guardia Civil le reconocieron y a partir de ahí "marcaron" a su mujer en el trabajo y a su hijo en el colegio.
Más medios a los tribunales de la zona
La declaración de zona de especial singularidad (ZES) tendría un reflejo en el estatus jurídico y económico de quienes trabajan aquí que paliaría en parte esa situación, de ahí la petición insistente a la que hoy se sumaba el fiscal jefe de Algeciras en la televisión pública, Juan Cisneros.
Cisneros argumenta que "en su momento en el País Vasco, con toda la razón del mundo, se reconocía esto y había un refuerzo económico, una serie de medidas de apoyo a los que trabajaban allí y ahora quizás habría que planteárselo con respecto al problema del narcotráfico, el problema en toda esta zona".
También Cisneros ha dicho que no ve razón para que los casos de narcotráfico se juzguen en la Audiencia Nacional (AN), como reclamó el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en 'Más de uno', y ha defendido que la cuestión es dotar de más medios a los tribunales de la zona del Campo de Gibraltar y la provincia de Cádiz.
El ministro Marlaska reconoció, horas antes de la muerte de los dos guardias civiles, que el Campo de Gibraltar tiene la consideración casi de facto de zona de especial singularidad, pero no ha sido declarada así oficialmente.
