En el marco de la prevención y detección de infracciones penales

La UE multa a España con 15 millones por no adoptar a tiempo la norma de protección de datos en la cooperación policial

La multa de 15 millones de euros es por no haber incorporado a la legislación nacional la directiva que regula el uso y la protección de los datos personales pero además, hay 89.000 euros de multa por día que pase de esta sentencia sin que se transponga.

Jacobo de Regoyos | Europa Press

Madrid | 26.02.2021 07:52

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves a España a pagar una multa de 15 millones de euros por no haber adoptado a tiempo la directiva de protección de datos personales para facilitar su intercambio entre las autoridades policiales y judiciales para investigar y castigar delitos.

Además de la multa a tanto alzado, el tribunal con sede en Luxemburgo ha condenado a España al pago de una sanción diaria de 89.000 euros si el incumplimiento todavía existe a día de hoy y hasta que sea transpuesta a la legislación nacional la directiva de protección de datos personales en el marco de la prevención y detección de infracciones penales.

El caso se remonta a julio de 2018

El caso se remonta a julio de 2018, cuando la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no haber comunicado la aprobación de estas normas, que debían haber sido adoptadas por los Estados miembros antes del 6 de mayo de 2018. Tras un año de intercambios con las autoridades españolas, Bruselas elevó el asunto a la Justicia europea en julio de 2019.

España no negó haber incumplido sus obligaciones, pero argumentó que las "circunstancias institucionales muy excepcionales" que existían habían "retrasado" las actividades del Gobierno y del Congreso. En concreto, adujo que el Gobierno se encontraba entonces "en funciones" y este hecho era de "singular relevancia a la hora de valorar la proporcionalidad de las sanciones" que había propuesto el Ejecutivo comunitario.

En su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia declara el incumplimiento de España y subraya, en concreto, que el 25 de marzo de 2019, día que la Comisión Europea había fijado como fecha límite antes de llevar el caso a la Justicia, el país seguía sin adoptar las medidas requeridas.