La AIReF ha advertido este miércoles de las dificultades de determinar con exactitud cuánto se gasta en España en estas partidas, dadas las diferencias en criterios contables que se aplican en las distintas administraciones autonómicas y locales, lo que impide también poder evaluar bien los resultados.
Se trata, explican desde la AIReF, de partidas que financia el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y luego transfiere a las comunidades y entes locales donde se suman fondos propios y se aplican distintos criterios contables.
"La trazabilidad del gasto es insuficiente y los criterios contables no están normalizados", subrayan.
Hay una importante complejidad administrativa, añade la AiREF que recuerda que en España hay 709 oficinas de empleo y más de 14.000 centros habilitados para la formación.
En el estudio, el tercero de la institución dentro de su proceso de revisión del integral gasto público ("Spending Review"), la AIReF cuestiona el funcionamiento del sistema de subvenciones para la formación, así como los resultados de programas concretos como el Prepara o el funcionamiento de las oficinas de empleo.
Y ante esta situación, la AiREF propone una serie de medidas de mejora como incentivar económicamente a los trabajadores responsables de formar y orientar a los parados en función del cumplimiento de objetivos.
Asimismo, plantea crear una especie de "ventanilla única" en la que los ciudadanos puedan solicitar ayudas o prestaciones sociales y acceder a políticas activas de empleo.
E incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos a la hora de repartir recursos en las conferencias sectoriales.
"Hay que revisar todo el funcionamiento de los servicios públicos", señalan.
Otro de los puntos que cuestiona el informe es el sistema de subvenciones para la formación así como la estructura y oferta de cursos y la falta de flexibilidad para adaptar esta formación a las necesidades reales de empleo.
Sobre programas concretos, el informe analiza el Prepara, de ayudas para parados de larga duración que, con un coste de 1.432 millones, "no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral durante los 6 meses que dura la prestación".
Una vez pasado ese periodo, el programa sí parece tener un efecto positivo en algunas comunidades como Aragón, Navarra, País Vasco y La Rioja.
La AiREF también apunta que del total del gasto en España, el 40 % se destina a incentivos a la contratación, muy por encima del de otro países, como Alemania o Finlandia que han puesto como modelos de gestión más eficaz de estas políticas.
El estudio incluye una medición de la eficacia de los servicios públicos de empleo por Comunidades Autónomas que sitúa a Asturias, Aragón y Cataluña a la cabeza.
