En las últimas horas ha trascendido la intención de las diputaciones de Vizcaya y Alava de aplicar el cobro de una tarifa a los tránsitos por el trazado de la actual AP-68 cuando sea liberalizada de peaje en noviembre de 2026. La Rioja ve con indignación la medida ya que, por cercanía, seremos una comnidad muy afectada, para particulares y profesionales.
El director general de la FER, Eduardo Fernández, señala que afectará a la competitividad de las empresas. Entre los transportitas profesionales, el presidente de ATRADIS, Santiago Gutiérrez, considera que la decisión vasca es impresentable y cree que las consecuencias serán grandes. El secretario general de Confederación Española de Transporte de Mercancías por carretera, Javier Cámara, coincide en lo nefasto de la noticia. Considera que es enorme la indefensión generada, y que la liberalización total del recorrido debe ser la única opción posible.
En la vertiente de la ciudadanía, una de las voces que se ha mostrado contraria es la del alcalde de Casalarreina, el socialista Félix Caperos. Considera muy insolidaria la decisión y confía en que la presión social haga replantearse la medida a Vizcaya y Alava.
