Después del visto bueno de la asesoría jurídica de la Xunta, la Administración gallega se une a la demanda del Estado por la expoliación de bienes por parte del dictador y sus herederos.
La Xunta da así cumplimiento a la proposición unánime del Parlamento de Galicia, que pedía al Gobierno gallego que ejerciera acciones legales para tratar de recuperar el Pazo de Meirás.
La Administración Autonómica insta al Gobierno de España a adoptar las acciones legales oportunas para reintegrar el Pazo de Meirás al Patrimonio Público sin que esto implique un nuevo coste para el pueblo de Galicia.