El Consejo de Gobierno ha aprobado en sesión extraordinaria un decreto-ley para modificar la Ley 4/2015, de 26 de febrero, con el objetivo de adaptar la situación de un Gobierno en funciones a las necesidades reales de los ciudadanos extremeños. De esta manera, el Gobierno regional garantiza el funcionamiento ordinario de la Administración y la prestación de los servicios públicos en Extremadura.
Esta norma ha sido consensuada con el grupo parlamentario de VOX, dentro de una voluntad de entendimiento y de búsqueda de soluciones concretas para Extremadura por ambas partes. El decreto-ley parte de una idea sencilla: un Gobierno en funciones debe actuar con prudencia y sin tomar decisiones que condicionen políticamente al futuro Ejecutivo, pero eso no puede traducirse en una Administración paralizada ni en problemas para atender a los ciudadanos.
La regulación vigente hasta ahora era excesivamente rígida, incluso más restrictiva que la legislación estatal y que muchas normas autonómicas. En la práctica, la Ley 4/2015 imponía limitaciones que iban más allá de lo razonable y dificultaban la gestión ordinaria de la Administración.
Según recoge el propio decreto-ley, esas limitaciones podían terminar afectando al funcionamiento normal de la Junta de Extremadura y, sobre todo, a la prestación de servicios públicos, especialmente cuando la situación de interinidad se prolonga en el tiempo.
La duración prolongada de un Gobierno en funciones se suma a la circunstancia de que las elecciones autonómicas se celebraron en diciembre, coincidiendo el periodo de interinidad con el inicio de un nuevo ejercicio presupuestario. Esto dificulta la puesta en marcha de muchas actuaciones propias del arranque del año.
Con este decreto-ley, la Junta corrige unos límites que estaban impidiendo sacar adelante actuaciones necesarias para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos, siempre que existan razones de urgencia, interés general o la necesidad de garantizar la ejecución de fondos finalistas.
La norma aprobada facilita actuaciones como la firma de convenios, la tramitación de expedientes necesarios para la actividad administrativa, la canalización de fondos públicos o la gestión de procesos selectivos y de necesidades de personal ya comprometidas.
El texto advierte que la regulación anterior ponía en riesgo la ejecución en plazo de los fondos finalistas y podía afectar al funcionamiento de ámbitos esenciales para la vida diaria de los extremeños, como la sanidad, la vivienda, la industria, la educación o los servicios sociales.
VIABILIDAD DE OPOSICIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES
En el ámbito de las subvenciones, el decreto-ley también permite dar continuidad a ayudas directas dirigidas a entidades públicas y privadas que desarrollan actividades de interés general, especialmente en áreas vinculadas a los servicios sociales, la inclusión, la atención a la discapacidad o a las personas mayores.
En materia de función pública, el decreto-ley evita que la situación de interinidad impida seguir desarrollando actuaciones ordinarias sujetas a plazos legales o vinculadas a ofertas de empleo ya aprobadas. Entre ellas, la convocatoria prevista para esta anualidad para el acceso al Cuerpo de Maestros, cuya tramitación se veía directamente afectada por las limitaciones de la normativa vigente hasta ahora.
En resumen, con esta iniciativa, la Junta de Extremadura garantiza el funcionamiento ordinario de la Administración, protege los servicios públicos, asegura la ejecución de fondos esenciales y evita que una regulación excesivamente rígida termine perjudicando la atención a los ciudadanos.
