Vox y el PP han alcanzado este martes un "principio de acuerdo firme" para un "Gobierno de coalición para el cambio" en la Comunitat Valenciana, que presidirá el presidente del PPCV, Carlos Mazón, y en el que Vox tendrá una "participación decisiva".
Así lo ha señalado el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat en las elecciones autonómicas, Carlos Flores Juberías, tras la reunión con el PPCV para tratar la investidura del ganador de los comicios, el popular Carlos Mazón, que ha durado dos horas y media y ha sido la más larga de la ronda con los partidos con representación en Les Corts.
Flores ha anunciado además que Vox tendrá la presidencia de Les Corts Valencianes y ha adelantado que él será el candidato de su partido por Valencia a las elecciones generales del 23 de julio.
Vox nombra 'número uno' al Congreso por Valencia al candidato autonómico que el PP vetaba para llegar a acuerdos
La ejecutiva nacional de Vox ha aprobado este martes el nombramiento de Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional que fue candidato a la presidencia de la Generalitat el pasado 28M y condenado por maltrato, como cabeza de lista por Valencia al Congreso, y de Ignacio Gil Lázaro, ex del PP y diputado por Vox desde 2019, como número dos, para las elecciones generales del 23J.
En un comunicado, el partido ha destacado el "exitoso" acuerdo para la formación del gobierno autonómico en la Comunitat Valenciana alcanzado con el PP, en cuya negociación han participado este martes Carlos Flores e Ignacio Gil Lázaro.
Flores ha logrado "el objetivo marcado por Vox y repetido durante toda la campaña de las elecciones autonómicas: conseguir, allá donde la fuerza de las urnas lo hiciera posible, un cambio no sólo de siglas, sino de políticas, para deshacerse del nefasto legado de la izquierda".
El acuerdo político entre PP y Vox en la Comunitat Valenciana y la designación de Flores como cabeza de lista de esta última formación por Valencia se produce un día después de que el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, afirmara que "no debería dedicarse a la política" una persona condenada por violencia machista; Carlos Flores lo fue en 2002 por violencia psíquica, coacciones, injurias y vejaciones contra su exmujer.
Ejes del futuro Consell
El nuevo gobierno, según han señalado tanto el PP como Vox, estará basado en cinco ejes: "La libertad para elegir en todos los ámbitos, educativo y de la vida privada, el desarrollo económico, la potenciación de la sanidad y los servicios sociales, la protección de las señas de identidad valencianas y el apoyo a las familias como "núcleo fundamental de la sociedad".
Mesa de Les Corts
Flores ha señalado que durante la reunión también se ha acordado el reparto de la Mesa de Les Corts: Vox la presidirá y el PP tendrá una vicepresidencia y una secretaría.
Desde el PP han vuelto a insistir en que les gustaría que todos los grupos estuvieran en la mesa por lo que ha instado al PSPV a que "reflexione" para facilitar que Compromís también tenga representación.
La Moncloa denuncia que la violencia de género "no puede ser moneda de cambio para la conformación de gobiernos"
El Gobierno ha manifestado que "la violencia de género es algo muy grave sobre lo que no se puede frivolizar, blanquear ninguna actitud" y "no puede ser moneda de cambio para nada, tampoco para las conformaciones de gobiernos".
Así ha respondido la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, cuando se le ha preguntado por la conformación de gobiernos municipales, y también autonómicos, tras las elecciones del 28-M.
Rodríguez ha lanzado ese mensaje en clara alusión al pacto en el que se trabaja en la Comunidad Valenciana para la Presidencia de la Generalitat entre el Partido Popular y Vox, cuyo líder en esta región fue condenado por maltrato.
Rodríguez ha afirmado que los "acuerdos y, sobre todo, sus consecuencias son responsabilidad de los distintos partidos políticas" pero lanza la advertencia en lo que respecta a la violencia de género, ya que es "lo suficientemente grave como para que no forme parte de las monedas de cambios para la constitución de gobiernos". De ocurrir "se estaría consumando una vergüenza de estar aceptando a un condenado en este tipo de acuerdos".
