Un año se cumple este martes de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat. Fue unos días después del funeral de Estado por las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 y tras un año de presión política y, sobre todo, social, con manifestaciones de colectivos y asociaciones de afectados.
Mazón mantiene a día de hoy su escaño de diputado en Les Corts y tiene en Alicante una Oficina de expresident - en aplicación de la ley del Estatuto de los expresidents - en la que dispone de un asesor, su exjefe de gabinete José Manuel Cuenca, y de un conductor.
Dimisión reclamada
Desde las inundaciones del 29 de octubre, en las que fallecieron 234 personas, en cada sesión de control en Les Corts la oposición exigía que dejara el cargo o le apartara su partido, el PP. En la calle, que apenas podía pisar porque recibía abucheos, cada mes había manifestaciones masivas con el lema 'Mazón dimisión', convocadas por colectivos sociales a los que se unieron las asociaciones de víctimas cuando se constituyeron.
Todo eso, unido a los detalles sobre lo que hizo ese día que se habían ido conociendo gracias al avance de la instrucción judicial, conllevó que finalmente el 3 de noviembre de 2025 Mazón anunciara su renuncia, con un discurso en el que afirmó que había cometido "errores", pero no por "mala fe" sino porque, según dijo, no se les había informado del alcance.
Mazón siguió en funciones hasta que Les Corts eligieron a finales de noviembre como sustituto, con los votos del PP y Vox, a su mano derecha: Juanfran Pérez Llorca, hasta entonces síndic del PP en el Parlamento valenciano y secretario general del PPCV, quien le ha sustituido también como responsable del partido, que dirige ahora una gestora.
Aunque dimitió como president, no lo hizo como diputado autonómico y ha mantenido su escaño en Les Corts, en cuyo hemiciclo ha pasado de la primera fila al escaño 97 de la última fila, mientras que el grupo popular le ha asignado la portavocía en la comisión de Reglamento, que conlleva un complemento mensual bruto de 634 euros.
Mantener el acta de diputado supone seguir aforado y que la jueza de Catarroja que instruye la causa penal no le pueda imputar, algo que la magistrada pidió este año al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que hiciera y este tribunal lo rechazó, tras lo que la Audiencia de Valencia permitió a Mazón personarse en la macrocausa.
Las principales asociaciones de víctimas de la DANA reclaman desde entonces que abandone el escaño, deje la política y acuda a declarar ante la jueza, mientras que una de esas asociaciones ha pedido al Tribunal Constitucional que deje sin efecto su aforamiento.
