El PSPV-PSOE presentará en Les Corts Valencianes una proposición no de ley (PNL) para exigir al Consell que revierta su política de vivienda protegida desarrollada, retire las dos subidas del precio máximo de las VPP aprobadas durante su mandato y recupere el nivel máximo de ingresos para evitar unas "carísimas y para ricos".
La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha reclamado al Consell que recupere el módulo de 2.200 euros por metro cuadrado establecido por el último gobierno del Botànic, "antes de que el Ejecutivo del PP lo elevara a 2.400 euros en 2024, fijando el 'módulo dinámico' que permite nuevas subidas, y lo haya vuelto a incrementar ahora hasta los 2.568 euros por m2".
Así lo ha manifestado, después de que el Consell haya actualizado para 2026 el valor estándar del módulo aplicable a la determinación del precio máximo de venta de las viviendas de protección pública, con un incremento del 7 por ciento y un valor máximo de 2.568 euros por metro cuadrado de superficie útil, "proporcionado a la evolución acreditada de los costes" de construcción.
"El PP y el presidente --Juanfran-- Pérez Llorca están preocupados únicamente por mejorar las condiciones de quienes quieren hacer negocio con la vivienda protegida y no por que la Administración pública establezca las mejores condiciones para garantizar el derecho de acceso a una vivienda de todas aquellas personas que lo necesitan", ha denunciado Salvador en un comunicado.
Así, ha censurado que la Generalitat se esté "convirtiendo en un agente más del mercado y de la especulación inmobiliaria" y ha argumentado que, con "cada una de estas decisiones, se aleja más de lo que debería ser su función: garantizar el derecho constitucional y estatutario de acceso a una vivienda y poner la política de vivienda al servicio de las personas, y no de quienes quieren hacer negocio con ella".
La dirigente socialista ha señalado que, con el nuevo módulo, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados alcanza los 231.120 euros. "Si una entidad financiera cubriera el 80 por ciento del precio, el comprador tendría que solicitar una hipoteca de 184.896 euros y aportar directamente los 46.224 euros restantes, antes incluso de afrontar los impuestos y gastos asociados a la operación". "Estamos hablando de casi 900 euros al mes durante 25 años, a los que hay que sumar de entrada más de 46.000 euros que el banco no financia y, además, unos 77.500 euros de intereses. Estamos hablando de una vivienda que, precisamente por ser protegida, debería estar destinada a facilitar el acceso de las personas y familias que no pueden acceder al mercado libre", ha señalado.
La portavoz adjunta socialista ha advertido de que esta situación "demuestra hasta qué punto el Consell está haciendo cada vez más inaccesible la vivienda protegida": "No basta con construir vivienda protegida si después se fija un precio que hace imposible que las personas que necesitan esa protección puedan acceder a ella".
Recuperar el límite de ingresos
La iniciativa también reclamará recuperar el límite de ingresos establecido anteriormente para acceder a la vivienda protegida, "evitando que se amplíe el acceso a hogares con rentas más elevadas mientras simultáneamente se incrementa el precio de las viviendas".
El PSPV plantea recuperar la referencia de 6,5 veces el IPREM referido a 12 pagas, frente a la referencia a 14 pagas utilizada actualmente. Con el IPREM vigente de 600 euros mensuales, esta diferencia supone pasar de un umbral de 46.800 euros anuales a 54.600 euros, es decir, 7.800 euros más de ingresos al año, un 16,7 por ciento de incremento, apuntan los socialistas.
"No tiene ningún sentido subir el precio de la vivienda protegida y al mismo tiempo ampliar el nivel de renta de quienes pueden acceder a ella. El Partido Popular está haciendo que las viviendas sean cada vez más caras y, al mismo tiempo, está ampliando el acceso hacia rentas más altas", ha argumentado Salvador.
Mª José Salvador también ha defendido también que la vivienda protegida que se construya con apoyo público "debe mantener su protección y su función social de forma permanente, evitando que pueda terminar convirtiéndose en vivienda libre y ser objeto de operaciones especulativas". "Si una vivienda se construye con suelo, financiación o ayudas públicas, esa vivienda tiene que seguir cumpliendo una función social y no puede convertirse unos años después en un activo para hacer negocio", ha avisado.
