La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció el pasado mes de julio que el gobierno local iba a utilizar “todos los instrumentos legales a su alcance” para luchar contra el problema de la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad, siempre que la entrada no fuera por necesidad económica. Pero más de siete meses después, todavía no ha puesto en marcha ninguna de las medidas anunciadas.
Una de ellas era la creación de una unidad específica dentro de la Policía Local, de la que nada se sabe todavía. Catalá también hizo referencia a la creación de una oficina de información para los propietarios afectados por las ocupaciones ilegales que figura en el acuerdo de gobierno del PP y Vox, pero que tampoco se ha constituido. La baja de automática de los “okupas” del padrón municipal, con la merma de derechos y ayudas que eso supone, fue otra de las medidas anunciadas por Catalá el pasado mes de julio:
Desde el equipo de gobierno local han reconocido a Onda Cero que por el momento no existe ninguna unidad anti-okupas de la Policía Local, aunque explican que se está trabajando específicamente desde las unidades de distrito en la mediación de desalojos. Y respecto a la posibilidad de dar de baja a los okupas en el padrón, estas mismas fuentes señalan que el Ayuntamiento sigue trabajando para buscar una vía jurídica factible que haga posible poder aplicar esa medida.
