Mañana, viernes 8 de marzo, a las 10:30 horas en el Juzgado de Instrucción nº2 de Benidorm, declararán en calidad de investigados por un presunto delito de Prevaricación Administrativa el que fuera alcalde de Altea, Jaume Llinares, el exconcejal de Personal, Rafael Mompo, y el secretario accidental, Ángel Iniesta.
Una comparecencia que se produce a instancias de la denuncia presentada por El Sindicato Profesional de Policía Locales y Bomberos (SPPLB) , como venimos informando desde mayo del pasado año, cuando se anunció la querella, motivada por no reincorporar en su puesto al Intendente Jefe de la Policía Local cesado, Armando Reig, quien fuera también hace años intendente de Villajoyosa.
Desde el sindicato defendían que el cese del intendente era “ilegal” por cuanto se basa en una sentencia judicial sobre un proceso selectivo “que ya no está en vigor”. Además defienden que el intendente jefe participó y aprobó otro proceso selectivo distinto para cubrir en propiedad esa plaza, “que nunca fue impugnado ni está afectado por ninguna sentencia judicial”.
Cabe recordar que Previa a la denuncia el sindicato dio quince días al alcalde para nombrar al intendente jefe como funcionario de carrera pero no lo hizo, tras lo cual formularon la denuncia por la vía penal.
Por su parte desde el Ayuntamiento Alteano defendió su proceder, argumentando que que el cese del intendente se debía al cumplimiento de una sentencia judicial y que, pese a que el trabajador cesado aprobó otro proceso selectivo, “no podían cubrir aun la plaza de intendente.
El juez será ahora quien decida.
