Los recortes en el trasvase Tajo-Segura que conllevan las nuevas reglas de explotación del mismo que quiere aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica supondrán en la provincia de Alicante la reducción de la producción agraria en casi 61 millones de euros y la pérdida de unos 1.700 puestos de trabajo.
Así se ha expuesto este viernes en el transcurso de la reunión de la Mesa Técnica del Agua de la Diputación de Alicante, cuyos integrantes han incidido en que los criterios en base a los que se han planteado la modificación de las reglas de explotación del trasvase no responden a ningún criterio técnico, buscando únicamente “premiar fidelidades y castigar territorios como la provincia de Alicante”, según ha señalado Ana Serna (PP), vicepresidenta de la Diputación Provincial de Alicante y diputada de Ciclo Hídrico.
La mayor parte de ese efecto se registraría en el Camp d’Elx por cuanto los agricultores de Elche (más de 15.000) representan la mayor parte de los regantes que se nutren del agua proveniente de ese trasvase para poder atender las necesidades hídricas de sus explotaciones agrarias. En el conjunto de la provincia son algo más de 22.000 los agricultores usuarios del trasvase.
“Nos encontramos ante una situación de emergencia que requiere una respuesta”, ha señalado la diputada de Ciclo Hídrico que también ha advertido de que las nuevas reglas “son la puntilla final al trasvase”.
Serna ha añadido que “no entendemos, aunque no nos sorprende porque es el relato que se viene construyendo desde hace mucho tiempo solo con el fin de premiar a aquellos que, aunque a veces son voces discordantes, acaban alzando la mano para mantener al presidente Sánchez”.
Análisis de alternativas
Durante la Comisión Técnica del Agua se han abordado las alternativas para combatir los efectos del aumento del caudal ecológico y el cambio de las reglas de explotación del trasvase como puede ser el trazado de la conexión entre la desaladora de Torrevieja y Ojós (Murcia), que es una situación que ha generado preocupación debido a su impacto potencial en áreas protegidas como la Sierra de Escalona: “Un proyecto riguroso y debería estar ejecutada en 2027”, ha dicho Joaquín Melgarejo, director de la Comisión Técnica del Agua que ha concluido que “el año 2027 está prácticamente ahí y estamos sin Presupuestos Generales del Estado para saber cómo y cuándo se van a pagar estas obras”.
