Las principales patronales vinculadas a la cogeneración y la valorización energética de residuos —ACOGEN, COGEN España, ADAP, ANEO y AEVERSU— han remitido una propuesta conjunta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para recuperar una disposición legal que permita prorrogar temporalmente la actividad de instalaciones industriales que han agotado o están próximas a agotar su vida útil regulatoria.
El objetivo es evitar el cierre de plantas estratégicas hasta que puedan acometer inversiones de modernización y concurrir a las próximas subastas energéticas previstas por el Gobierno para el mes de junio, en un proceso que contempla la asignación de 1.200 MW de cogeneración en los próximos tres años.
Según las asociaciones, esta medida permitiría garantizar la continuidad de más de un centenar de industrias en todo el país y movilizar alrededor de 1.800 millones de euros en inversiones vinculadas a eficiencia energética, renovables y modernización tecnológica.
Un impacto directo en la industria cerámica de Castellón
Las patronales subrayan que la cogeneración es una tecnología clave para sectores industriales intensivos en energía, entre ellos la alimentación, la química, el papel, el automóvil y, de forma especialmente relevante, la industria cerámica.
En el caso de la provincia de Castellón, este sector tiene un peso estratégico: la cerámica concentra más de 70.000 empleos directos e indirectos y representa uno de los principales motores económicos del territorio, por lo que cualquier afección a la cogeneración tendría un impacto directo sobre la competitividad del sector y su estabilidad productiva.
Las organizaciones advierten de que el deterioro del sistema de cogeneración en España ya ha provocado la pérdida de alrededor del 50% de su capacidad desde 2019, lo que, aseguran, está afectando a la continuidad de numerosas instalaciones industriales.
“Evitar cierres irreversibles” y dar margen a la inversión
En su propuesta, las asociaciones piden reincorporar esta medida a la tramitación de la Ley del mercado de derechos de emisión de CO₂, donde ya había contado con respaldo parlamentario antes de ser retirada.
La disposición tendría carácter transitorio hasta 2031 y permitiría mantener operativas las instalaciones mientras se completa el nuevo ciclo inversor de descarbonización y modernización industrial.
“El Congreso tiene la oportunidad de evitar un mayor deterioro del tejido productivo y dar confianza a la industria”, señalan desde ACOGEN, que advierte de que muchas plantas podrían verse obligadas a cerrar antes de poder acometer sus inversiones de renovación.
Un sistema clave para la seguridad energética
Las patronales también destacan que la cogeneración aporta estabilidad al sistema eléctrico al proporcionar generación distribuida y firme, contribuyendo al control de la tensión y la frecuencia en la red.
En este sentido, alertan de que su progresivo declive no solo afecta a la competitividad industrial, sino también a la seguridad del suministro energético en un contexto internacional de alta volatilidad.
El debate, subrayan, va más allá del ámbito energético y se extiende al mantenimiento de la actividad industrial, el empleo y la economía circular en distintos territorios del país.
