La sustitución de la nomenclatura surge de la petición realizada a las propias escuelas por parte de la Conselleria de Calidad Democrática, que alude a la inclusión de ambas figuras en el catálogo de vestigios del franquismo.
Así, 18 votos a favor, una abstención y un voto en contra ratificaron la sustitución de los antiguos nombres, como pedía la Generalitat Valenciana para eliminar de la vía y espacios públicos los nombres referidos a personas relacionadas con los procesos de vulneración de los derechos humanos y de institucionalización de la represión y la violencia contra los afectos a la República o que sustentaron el régimen dictatorial.
