El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona ha rechazado el recurso presentado por los abogados de Ada Colau para evitar acudir a declarar como imputada tras la querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.
De esta forma, la alcaldesa debe dar explicaciones sobre la concesión supuestamente "arbitraria y discrecional, sin concurrencia pública" de ayudas y subvenciones a entidades como Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética, según informa el diario El Mundo.
Declarará ante el juez el 4 de marzo
Colau ha sido citada a declarar ante el juez el próximo 4 de marzo en calidad de investigada a raíz de una querella presentada por una asociación por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Aunque la querella y citación judicial han provocada peticiones de dimisión por parte de dos partidos de la oposición municipal, Cs y PP, Colau ya ha dicho que no piensa dimitir.
Delitos que se le atribuyen
La Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática atribuye a Colau los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público.
Según la entidad querellante, el ayuntamiento barcelonés habría otorgado ayudas de forma arbitraria y sin la tramitación formal con el único objeto de financiar los salarios y actividades de "organizaciones afines" mediante subvenciones directas, convenios o contratos menores.
Dichas ayudas eran otorgadas para la redacción de estudios e informes "que nada tenían que ver con las competencias del ayuntamiento", según apunta la mencionada asociación que se ha querellado contra Colau.
Las "organizaciones afines" que se mencionan en la querella son DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alianza Contra la Pobreza Energética y Enginyers Sense Fronteras, entre otras.Colau no tiene intención de dimitir
En una comparecencia pública poco después de su citación, la alcaldesa de Barcelona ha mostrado su "perplejidad" porque se ha enterado de la decisión judicial a través de los medios, porque "son hechos que ya fueron archivados por la fiscalía" y porque la entidad denunciante es desconocida. En este sentido, Ada Colau ha dejado claro que le parece fuera de lugar plantear "ningún cese" y se ha mostrado convencida de que el caso "quedará en nada".
La oposición le exige la renuncia
Colau ha respondido así al Partido Popular y a Ciudadanos, que han reclamado su dimisión. La presidenta de la formación naranja en el consistorio barcelonés, Luz Guilarte, ha reclamado a Colauque "no arrastre el nombre y la marca de Barcelona" tras su citación judicial. Los populares también han exigido a Colau "que asuma sus responsabilidades" y han apelado la código ético de Barcelona en Comú, que establece "el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos ante la imputación por la judicatura de delitos relacionades con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos ya sea por interés propio o para favorecer a terceras personas".
Junts per Cataluña ha reclamado"la máxima transparencia y celeridad y la máxima colaboración del gobierno municipal y de la alcaldesa para que no haya ninguna sombra de duda". La formación liderada por Elsa Artadi ha asegurado que estará "vigilante" con todo el proceso "sin cruzar la línea roja que sí cruzó Ada Colau cuando se aprovechó vergonzosamente y sin escrúpulos de las falsas acusaciones contra Xavier Trias".
