El Juzgado de lo Social nº1 de Guadalajara ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a reintegrar a unos padres los gastos de un tratamiento en la Sanidad privada para la anorexia que sufría su hija de 15 años.
Deberán abonar 5.445 € -más intereses- al considerar la justicia que no recibió el tratamiento necesario y urgente que la situación requería en el Hospital Universitario de Guadalajara .
La defensa del caso que ha llevado la letrada Carmen Fernández Bravo, de los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, ha informado en un comunicado que la sentencia es firme y reconoce la anorexia como enfermedad. Así como que esta supone un riesgo vital grave.
Los padres llevan abonados más de 50.000 € en el tratamiento y han puesto continuadas reclamaciones sin que el Sescam haya reconocido que se tratara de una urgencia vital.
Es la segunda sentencia a favor de estos padres por parte del Juzgado de Guadalajara que reconoce la anorexia nerviosa como enfermedad y que esta supone un riesgo vital grave.
La menor, fue diagnosticada de anorexia nerviosa y, debido al agravamiento del cuadro, el servicio de psicología del Hospital Universitario de Guadalajara indicó que la menor necesitaba la atención específica de una Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria.
Los padres solicitaron al Hospital la derivación bien al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde existe dicha unidad; o bien a Ciudad Real, donde el Sescam dispone también de dicha unidad, que no existe en Guadalajara.
La respuesta fue que no había convenio con Madrid y que no hay hospitalización de día en Ciudad Real. Pese a la situación de la menor, y como denuncia el comunicado de El Defensor del Paciente, «no se hizo nada para la atención urgente en el tratamiento de dicha patología».
Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, ha destacado que: «Sentencias como esta ponen de manifiesto la falta de recursos e inversión por parte de la sanidad pública ante la salud mental, sobre todo en los jóvenes cuya alarma por las afectaciones en salud se han disparado siendo que en este caso el Sescam obliga a unos padres a abonar el tratamiento en la sanidad privada de su hija menor de edad. Y sin tener en cuenta la alarma que está suponiendo los datos de salud mental en jóvenes y que hay muchos padres que no pueden abonar esas cantidades. Así, se hace necesario una reflexión sobre estos datos y una crítica a los medios ofertados por parte de la sanidad pública que han resultado y resultan insuficientes».
