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El professor del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret de la UB Jesús Palomar ens ha posat llum sobre la més que probable propera convocatoria electoral. Constata que el bipartidisme no ha mort a Espanya i que el què busca és mantenir el seu 'statu quo'. Precisament això manté Espanya, al seu entendre, allunyada de la salut que sí tenen altres democràcies consolidades.

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a 10 años de prisión a una mujer, M.R.R.R., a quien se considera autora responsable criminalmente de un delito de corrupción de una menor en Puertollano y de un delito de favorecimiento ilegal de drogas tóxicas a menores de edad.

El secretari general adjunt de la patronal catalana també ha reclamat seguretat jurídica i garanties en el tràfic mercantil

Este violador tiene cuatro sentencias firmes dictadas por juzgados de Madrid por delitos de robo con fuerza en las cosas que suman una pena global de cuatro años y seis meses de prisión y, en este caso, durante el juicio reconoció todos los hechos y dijo que estaba "en una mala época de su vida".

El presidente de CEAT, Miguel Ángel Rivero, valora de manera muy positiva la sentencia del Tribunal Supremo por la que aquellos que lleguen a la quiebra puedan librarse del 70% de las deudas con la administración. El Alto Tribunal permitirá que los emprendedores en quiebra puedan librarse de gran parte de las deudas que tengan contraídas con Hacienda y la Seguridad Social con el objetivo de facilitar los mecanismos que permitan su segunda oportunidad. Una sentencia trascendental para los autónomos que tropiezan, se levantan, y que han valorado muy positivamente desde la confederación de empresarios autónomos en la provincia de Ciudad Real. Además, el Supremo deja en manos de los tribunales la potestad de que la cantidad que quede fuera de la quita se pueda pagar de forma fraccionada en un periodo de hasta cinco años, previo acuerdo de un plan en el que se tenga en cuenta la capacidad económica del autónomo afectado por la quiebra del negocio.

Un juzgado de Málaga ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 110.000 euros a los padres de un menor que falleció al no realizarle a tiempo un trasplante de médula ósea pese a los síntomas que presentaba de una enfermedad metabólica. En la sentencia, facilitada por la asociación El Defensor del Paciente, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga estima parcialmente el recurso interpuesto contra la resolución dictada por el SAS en mayo de 2015 en la que desestimaba la reclamación patrimonial. El niño, que nació en abril de 2005, tuvo seguimiento en el Hospital regional de Málaga desde los seis meses de vida por padecer macrocefalia e hipotonía y tenía entre sus antecedentes familiares la enfermedad de Addison, que padecía su abuelo.

La familia de Pablo Podadera anuncia que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de 3 años y 2 meses de cárcel a los condenados por su muerte.

Quim Torra ha realizado las primeras reflexiones en el Parlamento Catalán una vez que la justicia le ha imputado por un delito de desobediencia. Torra ha pedido a los diputados que defiendan la libertad de expresión, cuando en su parlamento el sustituto de Torrent al frente de la Cámara censura e interrumpe a los diputados que le son molestos como es el caso de Inés Arrimadas.

El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, ha pedido la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la nueva decisión judicial que anula el decreto que firmó para ampliar la Zepa de El Hito y frenar el almacén temporal centralizado

Tanto la alcaldesa socialista de Santomera, Inmaculada Sánchez, como su concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, que siempre han defendido que la decisión de cerrar la cantera de ARIMESA no era una decisión política sino técnica y jurídica, denunciarán por denuncia falsa al propietario de la citada empresa, José García Balibrea después de que la Audiencia Provincial haya sentenciado que la actuación municipal “siempre estuvo sujeta a la ley”. Sánchez ha relatado en Onda Cero que irán judicialmente contra García Balibrea “por la persecución a la que nos ha sometido y por todo lo que no ha hecho pasar durante estos años con escraches diarios a las puertas del ayuntamiento e insultos delante de mi familia”. La alcaldesa de Santomera no espera que la empresa ARIMESA ni el PP que exigió su dimisión le pidan disculpas, aunque lo desearía “por el sufrimiento que han infringido a mis padres”. Inmaculada Sánchez lamenta haber descubierto que “determinados y oscuros poderes fácticos en esta región son más cotidianos de lo que parece” y explica que “García Balibrea me propuso que me reuniera con él a sola fuera de Santomera para arreglarlo todo tomando un café”. La Audiencia Provincial, considera el consistorio, no solo ha desestimado la querella por prevaricación de ARIMESA contra la alcaldesa de Santomera, sino que no considera válida la orden de 2 de junio de 2015, por la que la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio –entonces en manos de Francisco Bernabé- obligaba al Consistorio a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones a la empresa de áridos. Una sentencia firme de TSJ de Murcia, fechada en enero de 2015, reclamaba el cierre de la instalaciones de la cantera por carecer de una licencia de actividad válida, puesto que la emitida en 1974 por el Gobierno Civil solo les permitía la trituración y clasificación de áridos, pero no así las actividades extractivas propias de una cantera. Inmaculada Sánchez denuncia la connivencia que ha existido entre el PP y la empresa ARIMESA pese a las claras sentencias judiciales. Y es que, en junio del año pasado, Arimesa se querelló contra los dos políticos y el técnico municipal, a los que acusaba de un delito de prevaricación por omisión. Según la denuncia, el Ayuntamiento de Santomera obstruyó de forma deliberada la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística que la mercantil necesita para obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva licencia de actividad. Según la sentencia, no fue así, y por ello obliga a la empresa querellante a asumir íntegramente las costas procesales. La Audiencia Provincial también concluye que la Orden de 2 de junio de 2015, por la que la Consejería de Fomento obligaba al Ayuntamiento de Santomera a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones" se dictó sin que el Ayuntamiento tuviera participación en el procedimiento de su dictado”.