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La familia de Pablo Podadera anuncia que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la sentencia de 3 años y 2 meses de cárcel a los condenados por su muerte.

El alcalde de Villar de Cañas, José María Sáiz, ha pedido la dimisión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por la nueva decisión judicial que anula el decreto que firmó para ampliar la Zepa de El Hito y frenar el almacén temporal centralizado

Quim Torra ha realizado las primeras reflexiones en el Parlamento Catalán una vez que la justicia le ha imputado por un delito de desobediencia. Torra ha pedido a los diputados que defiendan la libertad de expresión, cuando en su parlamento el sustituto de Torrent al frente de la Cámara censura e interrumpe a los diputados que le son molestos como es el caso de Inés Arrimadas.

Tanto la alcaldesa socialista de Santomera, Inmaculada Sánchez, como su concejal de Urbanismo, Joaquín Rubio, que siempre han defendido que la decisión de cerrar la cantera de ARIMESA no era una decisión política sino técnica y jurídica, denunciarán por denuncia falsa al propietario de la citada empresa, José García Balibrea después de que la Audiencia Provincial haya sentenciado que la actuación municipal “siempre estuvo sujeta a la ley”. Sánchez ha relatado en Onda Cero que irán judicialmente contra García Balibrea “por la persecución a la que nos ha sometido y por todo lo que no ha hecho pasar durante estos años con escraches diarios a las puertas del ayuntamiento e insultos delante de mi familia”. La alcaldesa de Santomera no espera que la empresa ARIMESA ni el PP que exigió su dimisión le pidan disculpas, aunque lo desearía “por el sufrimiento que han infringido a mis padres”. Inmaculada Sánchez lamenta haber descubierto que “determinados y oscuros poderes fácticos en esta región son más cotidianos de lo que parece” y explica que “García Balibrea me propuso que me reuniera con él a sola fuera de Santomera para arreglarlo todo tomando un café”. La Audiencia Provincial, considera el consistorio, no solo ha desestimado la querella por prevaricación de ARIMESA contra la alcaldesa de Santomera, sino que no considera válida la orden de 2 de junio de 2015, por la que la consejería de Fomento, Obras Públicas y Ordenación del Territorio –entonces en manos de Francisco Bernabé- obligaba al Consistorio a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones a la empresa de áridos. Una sentencia firme de TSJ de Murcia, fechada en enero de 2015, reclamaba el cierre de la instalaciones de la cantera por carecer de una licencia de actividad válida, puesto que la emitida en 1974 por el Gobierno Civil solo les permitía la trituración y clasificación de áridos, pero no así las actividades extractivas propias de una cantera. Inmaculada Sánchez denuncia la connivencia que ha existido entre el PP y la empresa ARIMESA pese a las claras sentencias judiciales. Y es que, en junio del año pasado, Arimesa se querelló contra los dos políticos y el técnico municipal, a los que acusaba de un delito de prevaricación por omisión. Según la denuncia, el Ayuntamiento de Santomera obstruyó de forma deliberada la concesión de la cédula de compatibilidad urbanística que la mercantil necesita para obtener la autorización ambiental única y, con ella, una nueva licencia de actividad. Según la sentencia, no fue así, y por ello obliga a la empresa querellante a asumir íntegramente las costas procesales. La Audiencia Provincial también concluye que la Orden de 2 de junio de 2015, por la que la Consejería de Fomento obligaba al Ayuntamiento de Santomera a emitir una cédula de compatibilidad urbanística sin condiciones" se dictó sin que el Ayuntamiento tuviera participación en el procedimiento de su dictado”. 

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha anunciado que el Ejecutivo foral va a recurrir la sentencia del TSJN que confirma la condena de nueve años de prisión para los cinco miembros de La Manada.

La sentencia és recurrible però l´Ajuntament ha aconseguit no haver de pagar.

La Audiencia de Bizkaia condenó a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para el ejercicio de su profesión a uno de los seis ertzainas juzgados por la muerte de Iñigo Cabacas tras ser alcanzado por una pelota de goma en 2012.

Aprobado el Real Decreto-ley por el cual se modifica la ley hipotecaria. A ojos de la justicia es el cliente quien ha de pagar el impuesto, pero a ojos del Gobierno son los bancos. Analizamos cuáles son las cifras en Granada tras las últimas e importantes decisiones judiciales noticiadas en los últimos años. Según las declaraciones de la presidenta de Facua Granada, Mar Solera, desde la primera sentencia de mayo de 2013 donde el TS declaró la nulidad y el carácter abusivo de las llamadas cláusulas suelo se contabilizan en Granada y provincia entre 15.000 y 20.000 personas afectadas con demandas aún pendientes de resolución definitiva.

Hoy los oyentes se expresan sobre la paralización que ha hecho el Tribunal Supremo sobre su sentencia de la pasada semana que obliga a los bancos a pagar los impuestos que conlleva la constitución de una hipoteca. En plano local te contamos que un vecino de Cenes de la Vega ha editado los datos de Google Maps para asignar a una calle sin nombre una dedicatoria a su pareja, apareciendo ese paraje como “Te quiero Ceci”. En la noticia del motor comienza la producción en serie del nuevo Seat Tarraco.

Desde la Junta anuncian ya el recurso de amparo ante el Constitucional por la sentencia que condena al Gobierno andaluz a pagar 167,6 millones de euros al centro comercial Nevada. La sentencia ratifica las decisiones judiciales de la vía ordinaria. La presidenta Susana Díaz respondía hoy a esta cuestión.