El Govern, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos han diseñado un operativo especial para reforzar la vigilancia de las normas COVID-19 este fin de semana en Baleares, el primero en el que podrán abrir las terrazas después de más de un mes de cierre en Mallorca y Formentera.
Así lo ha anunciado la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, en una rueda de prensa junto a representantes de la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).
Las autoridades consideran que este fin de semana es "especial" debido al tiempo que han estado cerrados los bares y restaurantes -que sólo podían servir para llevar o a domicilio- y las restricciones a las reuniones sociales -limitadas hasta el pasado martes a sólo convivientes-.
"La gente tiene ganas de volver a socializar", ha reconocido la consellera. En este sentido, Garrido ha avanzado que se insistirá en el cumplimiento de medidas como la limitación de aforos, la obligación de llevar mascarilla mientras no se consumen alimentos o bebidas y la prohibición de reunirse personas de más de dos núcleos de convivencia diferentes, entre otros aspectos.
La consellera ha recordado, asimismo, que la normativa que entró en vigor el pasado martes impide a los bares vender alcohol para llevar a menos que vaya acompañado de comida. El objetivo es evitar el botellón e impedir que la vía pública funcione como una extensión de los restaurantes.
El operativo estará coordinado por la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern, y contará con policías locales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Seremos estrictos", ha prometido Garrido, que ha avisado: "Que nadie se piense que en este momento no hay controles".
Mayor vigilancia también en playas
Además, Garrido ha avanzado que también se llevará a cabo un dispositivo especial en las playas porque con la llegada del buen tiempo "se empiezan a llenar de gente". La consellera ha recordado que en las playas "se aplican las mismas normas que en el resto de espacios".
Así, se controlará que en las playas no se reúnan más de seis personas de máximo dos núcleos de convivencia diferentes, que todos lleven mascarilla y que se mantenga la distancia de seguridad, entre otras cuestiones.
Garrido ha comentado que para este fin de semana se prevé mal tiempo pero a pesar de ello se prevé realizar el operativo.
Más de 2,1 millones de euros en sanciones
Para reforzar el mensaje de prudencia, la consellera ha aportado datos sobre las sanciones impuestas hasta la fecha por incumplimientos de la normativa COVID-19, insistiendo en que estas multas se están aplicando efectivamente y que se cobrarán, si no es voluntariamente, por vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria.
Así, ha detallado que, desde junio -cuando se aprobó el decreto que regulaba las sanciones en Baleares- hasta la fecha se han presentado 11.661 denuncias, 949 contra establecimientos y el resto contra particulares. La mayoría de las sanciones contra particulares son por no llevar mascarilla.
Además, se están tramitando propuestas de sanción por un importe que supera los 2,1 millones de euros. En este caso, la mayor parte corresponde a empresas (1,7 millones) y el resto a particulares (438.000 euros).
Por Islas, 8.197 de las 11.661 denuncias corresponden a Mallorca, 952 a Menorca, 2.303 a Ibiza y 209 a Formentera. El alcalde de Palma, José Hila, ha especificado que la Policía Local de la capital ha presentado 11.441 denuncias por incumplimientos COVID-19, a las que se deben sumar las que realizan Policía Nacional o inspectores.
Solamente desde el mes de enero, se han levantado 1.419 actas por incumplir la prohibición de reunirse entre no convivientes. Hila ha insistido en que en la Policía Local se ha marcado como "prioritario" el cumplimiento de la normativa sanitaria.
Por su parte, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha informado de que en el último fin de semana la Guardia Civil y la Policía Nacional levantaron 375 actas por incumplimientos, y que desmantelaron nueve fiestas ilegales en domicilios particulares: tres en Palma y el resto en Palmanova, Santanyí, Algaida, Andratx y Llucmajor.
"No podemos estar detrás de cada ciudadano"
Los representantes políticos han insistido una vez más en la llamada a la prudencia para poder mantener la flexibilización de restricciones y no tener que dar marcha atrás. El alcalde de Palma ha razonado que aunque se refuerce la vigilancia, es necesario que cada vecino actúe de forma responsable. "No podemos estar detrás de cada ciudadano", ha comentado.
Calvo ha pedido "generosidad" con "todas las personas en un expediente de regulación temporal de empleo" que necesitan que se reactive la economía para poder trabajar. Además, se ha mostrado optimista recordando que ahora tienen una "barandilla" a la que agarrarse con la que antes no contaban, "la seguridad del proceso de vacunación".
Por otro lado, el presidente de la Felib, Antoni Salas, ha remarcado la importancia de la coordinación entre fuerzas de seguridad y de agilizar las tramitaciones de las denuncias, "para que no se pueda pensar que hay impunidad".
