La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha advertido que la inseguridad jurídica y la falta de oferta agravan la crisis habitacional en el archipiélago.
Es la valoración que la patronal, en un comunicado, ha hecho del último informe publicado por CaixaBank Research, que analiza por qué la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de la ciudadanía europea.
Para la asociación, el documento confirma con datos lo que el sector viene alertado desde hace años, esto es, que el desequilibrio entre la creación de nuevos hogares y la oferta disponible, unido a una elevada presión fiscal y a la inseguridad normativa, está tensionando los precios y expulsando a residentes del mercado.
"El informe pone cifras a una realidad que en Baleares vivimos con especial intensidad: se crean más hogares, más unidades de convivencia, que viviendas. El parque social sigue siendo claramente insuficiente y la presión fiscal sobre la vivienda es de las más altas de Europa", ha dicho el presidente de Abini, Daniel Arenas.
Desde la patronal han insistido que la intervención del Gobierno central en materia del alquiler ha generado "una maraña legislativa que desincentiva la oferta".
"La inseguridad jurídica ha provocado una fuga masiva hacia el alquiler de temporada y ha frenado proyectos destinados específicamente al alquiler residencial. Sin oferta, cualquier intervención solo tensiona más el mercado", ha insistido Arenas.
La asociación, además, ha considerado que, en lugar de coordinarse con las comunidades autónomas, "se ha utilizado la vivienda como arma política", provocado "contradicciones normativas y bloqueo institucional".
"Resulta incomprensible que el mismo partido que impulsa y aprueba en Baleares medidas reclamadas por el sector, luego las tumbe en Madrid o las lleve al Constitucional, generando aún más incertidumbre, como fue el caso de la muy necesaria regulación de la actividad del agente inmobiliario", ha recriminado el presidente de Abini.
Más grave es, a su parecer, que se haya llevado al Tribunal Constitucional la ley de proyectos residenciales estratégicos del Govern, "que permite crear miles de viviendas para residentes".
"Los pretextos utilizados para el continuo bloqueo de la generación de vivienda asequible ya no funcionan. Las personas necesitan una casa y no se puede tensionar todavía más la situación con argumentos políticos ni con ideologías alejadas de la realidad que viven miles de residentes en Baleares", ha añadido.
"MÁXIMA PRESIÓN, MÍNIMA VIVIENDA SOCIAL"
Según el análisis de Abini, el informe de la entidad bancaria pone de relieve la brecha existente entre la demanda y la oferta en España y la escasez de vivienda social en comparación con otros países europeos.
En este contexto, Abini ha recordado que España sigue "a la cola" en parque público mientras mantiene una de las mayores cargas fiscales sobre la vivienda.
"Cerca del 30% del coste de construcción son impuestos y tasas. Mientras tanto, no vemos colaboración interministerial efectiva para poner suelo público a disposición ni avances reales en los grandes anuncios de vivienda. Se prometieron 180.000 viviendas al año y los datos no reflejan ese ritmo", ha afirmado Arenas.
Para la patronal, en Baleares la situación es todavía más delicada por la presión demográfica, la creación constante de nuevos hogares y la limitación estructural de suelo.
"Si seguimos por la senda de la intervención sin facilitar nueva oferta dirigida al residente, el problema solo irá a peor", ha advertido Arenas.
En esa línea, la asociación ha reclamado un cambio de enfoque basado en la seguridad jurídica, la colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas y la activación de suelo público y la agilización administrativa para viviendas destinadas a los residentes.
"Baleares necesita soluciones estructurales, no confrontación política. El mercado no se corrige solo con límites de precios; se corrige aumentando oferta, reduciendo trabas y garantizando estabilidad normativa", ha concluido el presidente de Abini, que se ha puesto a disposición de todas las administraciones para poner en marcha estas medidas.
