La Asociación de Constructores de Baleares ha solicitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) la suspensión cautelar de la licitación de las obras de ampliación de la línea de metro desde la Universitat de les Illes Balears (UIB) hasta el Parc Bit, financiadas con fondos europeos 'Next Generation'.
En concreto, se ha presentado un recurso contencioso-administrativo para impugnar "el enorme desfase" que existe entre el precio de los materiales del proyecto y su precio actual, según ha informado la Asociación en un comunicado de prensa.
La Asociación recuerda que la Ley de Contratos exige que los costes de las materias primas salgan a licitación a precios de mercado actuales para garantizar el equilibrio económico de los contratos. En este sentido, apuntan que solo analizando el precio del acero y el hormigón, el desfase supera los 6 millones de euros entre el precio de licitación de estos materiales y su precio actual de mercado.
Los constructores señalan que el resto de las partidas de materiales del proyecto, como catenaria y electrificación, van en la misma línea. Por todo ello, asumir este contrato de licitación supone para las empresas "ir a pérdidas, lo que hace prácticamente inasumible su presentación al concurso", lamentan.
REVISAR LOS PRECIOS
La presidenta de la Asociación, Fanny Alba, ha asegurado que llevan meses solicitando a las administraciones que revisen sus bases de precios y saquen los proyectos con precios actualizados, "tal como exige la ley para evitar que los concursos queden desiertos, como ha sucedido y está sucediendo con otros proyectos".
En este caso, la ampliación del metro es "una de las mayores obras de la legislatura por un importe de casi 20 millones de euros (sin IVA) y además financiada con fondos europeos 'Next Generation'".
"Las empresas llevamos meses asumiendo un sobrecoste en los contratos que pone en riesgo nuestra viabilidad económica y el mantenimiento de puestos de trabajo. No entendemos que este proyecto tan importante no se haya revisado para sacar la licitación a precios actuales", ha expuesto Alba.
La presidenta ha destacado que el interés en impugnar la licitación es "para garantizar el equilibrio económico del contrato, así como evitar que pueda quedar desierta una obra tan necesaria para los ciudadanos y tener que volver a iniciar todo el proceso".
Desde la Asociación indican que la licitación se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público el pasado 6 de abril con un plazo de 10 días naturales para presentar impugnaciones ante el Tribunal Administrativo Central. Esto coincidió con los días festivos de Semana Santa y, por tanto, hacía muy difícil elaborar los estudios para determinar la viabilidad del proyecto. Por este motivo, la Asociación ha optado por presentar un recurso contencioso-administrativo ante el TSJIB.
