El PP ha reclamado al Gobierno de España una respuesta específica ante la situación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Baleares, incluyendo su reagrupación familiar cuando en su país de origen. Los 'populares' han registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament que recoge esta petición y pide al Estado que "deje de trasladar" a las comunidades autónomas una responsabilidad que afecta directamente a sus competencias exclusivas en materia de inmigración, extranjería y control de fronteras.
La iniciativa, ha señalado el PP en una nota de prensa, reclama la puesta en marcha de mecanismos eficaces para localizar a los familiares de los menores y, cuando sea compatible con el interés superior del menor y con la legislación vigente, promover su reagrupación familiar en su país de origen o su puesta a disposición de los servicios de protección correspondientes.
La diputada del PP Cristina Gil ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "abandonar a Balears ante una emergencia migratoria que ya es estructural" y que "está poniendo al límite" el sistema de protección de menores del archipiélago. "No hablamos únicamente de financiación o de plazas: hablamos de que el Gobierno de España cumpla con su obligación, actúe en origen, controle nuestras fronteras y garantice que cada menor recibe la respuesta que realmente protege su interés superior", ha reclamado Gil.
En este sentido, ha defendido que "proteger a los menores también significa evitar que emprendan travesías mortales, combatir a las mafias que trafican con personas y trabajar con los países de origen para que, cuando proceda, puedan reencontrarse con sus familias". Baleares tutela actualmente a 897 menores migrantes no acompañados, más del doble de las 434 plazas de capacidad ordinaria establecidas por el Ejecutivo central.
La 'popular' ha subrayado que la llegada de pateras continúa incrementando la presión sobre las Islas y que este año han arribado 239 pateras con 4.494 personas migrantes. También ha puesto el foco en la previsión de inversión del Govern a los consells insulares para atender a los menores, que alcanza los 38 millones de euros, frente a una aportación extraordinaria estatal de 7,8 millones en 2025 y "únicamente" dos millones comprometidos para 2026.
"No es razonable que el Gobierno de España decida sobre la acogida de menores en unas islas que ya están desbordadas y después pretenda que sean el Govern y los consells quienes paguen las consecuencias", ha criticado la diputada. Igualmente, ha reclamado al Ejecutivo de Sánchez que revise los criterios de capacidad de acogida teniendo en cuenta la insularidad, la presión migratoria efectiva y la capacidad real de los recursos de protección, además de incrementar la financiación estatal y establecer una coordinación permanente con las instituciones autonómica e insulares. Según Gil, Baleares está haciendo un esfuerzo extraordinario para proteger a estos menores, "pero ese esfuerzo no puede convertirse en la excusa para que Sánchez siga sin ejercer las competencias que son del Estado".
La formación solicita un Plan Estatal de Actuación específico para la emergencia migratoria en las Islas, con más medios para el control de las fronteras marítimas, lucha contra las mafias, actuación en los países de origen y tránsito e implicación permanente de Frontex en la ruta entre Argelia y Baleares. La iniciativa también exige al Gobierno que informe sobre las actuaciones de identificación, documentación, situación administrativa, cooperación con los países de origen y localización y reagrupación familiar de los menores.
"Lo que no vamos a aceptar es que el Gobierno de Sánchez siga descargando su responsabilidad sobre Baleares mientras las mafias siguen haciendo negocio y nuestras instituciones tienen que multiplicar recursos para afrontar una situación que ya ha superado cualquier límite", ha concluido Gil.
