La nueva normativa del Consell d’Eivissa que regula la entrada de vehículos a la isla durante la temporada alta ha generado una fuerte respuesta del sector empresarial y de organismos reguladores.
La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) ha respaldado el recurso legal interpuesto por Baleval, la patronal balear del rent a car, en contra de la medida que limita a 600 los vehículos autorizados por empresa. Feneval denuncia que esta regulación pone en riesgo la viabilidad de muchas compañías del sector, rompe la equidad del mercado, restringe la competencia y genera inseguridad jurídica.
Además, su presidente, Juan Luis Barahona, ha alertado sobre posibles consecuencias negativas como el aumento de precios, deterioro del servicio y perjuicio a la imagen turística de Ibiza. Incluso, ha cuestionado también la legalidad del procedimiento, señalando que la normativa no se publicó con los tres meses de antelación exigidos por la ley autonómica, y ha criticado la falta de un análisis riguroso ni de alternativas de transporte que compensen la limitación impuesta.
A este frente se ha sumado un requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que considera que el sistema de reparto de vehículos —basado en la ley d’Hondt— favorece injustamente a empresas pequeñas en detrimento de las grandes, distorsiona el mercado, reduce incentivos para competir en calidad y precio, y no respeta criterios de proporcionalidad ni de sostenibilidad ambiental.
Pese a estas críticas, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, ha defendido la medida como parte de una estrategia para reducir la presión turística sobre la isla y mejorar la convivencia con los residentes. No obstante, ha dejado la puerta abierta a futuras modificaciones según el avance de los recursos judiciales presentados.
Por el momento, los tribunales han rechazado las solicitudes de suspensión cautelar presentadas por la naviera Baleària y la propia Baleval, lo que permite la aplicación de la normativa este verano mientras continúa el proceso judicial.
- Críticas de la oposición en Formentera
En paralelo, la normativa también ha suscitado críticas en Formentera, donde formaciones como el PSIB-PSOE y Gent per Formentera denuncian que la regulación limita la movilidad de sus residentes.
Según alegan, la medida impide en muchos casos los desplazamientos a Ibiza para necesidades básicas como asistencia sanitaria o trámites administrativos, afectando directamente al derecho de movilidad de los ciudadanos de la isla vecina.
