En una rueda de prensa, el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí ha subrayado que la medida, aprobada por el 90% del Parlament balear, responde al “crecimiento exponencial e insostenible” del parque móvil durante los meses de temporada alta, cuando “hay más coches que personas en la isla” como refleja, según datos oficiales, que entre julio y agosto de 2023 entraron en Ibiza 43.000 vehículos, un 50% más que en 2019.
En este sentido, Marí ha asegurado que “Ibiza no puede seguir recibiendo vehículos sin límite” y que esta norma “pone orden, garantiza la sostenibilidad y protege el futuro de la isla”.
Concretamente, fija un cupo máximo de 20.168 vehículos para el periodo comprendido entre junio y septiembre, de los cuales 16.000 corresponden a vehículos de alquiler. Además, se han establecido restricciones específicas para autocaravanas, que sólo podrán acceder con reserva previa en alguno de los cinco campings legales de la isla y que hará que “se acaben las acampadas ilegales en zonas protegidas”.
El presidente destacó también el apoyo técnico y político que ha permitido desarrollar esta ley pionera en Baleares, y anunció que ya se han recibido 4.875 solicitudes a través de la web informativa www.ibizacircular.es, con más de 1.200 autorizaciones concedidas.
Al mismo tiempo, para garantizar su cumplimiento, el Consell ha habilitado sistemas de vigilancia como cámaras en puertos y carreteras, un centro de atención ciudadana y convenios con ayuntamientos para compartir imágenes de control de tráfico y se ha iniciado el reparto de hojas informativas a caravanas estacionadas en lugares no permitidos, advirtiendo de sanciones de hasta 3.000 euros.
- El interés general debe prevalecer por encima del beneficio económico de unos pocos
Por otro lado, Marí reconoció que la norma ha sido recurrida por navieras y empresas de alquiler, así como por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, pero defendió que “el interés general debe prevalecer por encima del beneficio económico de unos pocos”. Y es que para Marí, “la sostenibilidad no es una opción, es una obligación y en este caso la ley es un primer paso hacia una nueva forma de gestionar nuestra isla”.
