Solución
El presidente del comité de empresa de Gijón, Marcos Llorente, que fue portavoz del comité de huelga, nos ha explicado que están aliviados por poder poner fin a la huelga. "A nadie le gusta estar de huelga", afirma, y lamenta que el gobierno asturiano haya tardado tanto en situar al frente de la negociación a personas "con capacidad de decisión". Achaca que una tercera parte de la plantilla rechazase el acuerdo y prefiriese seguir de huelga a las cesiones que han hecho durante la negociación. No han conseguido recuperar el plus de antigüedad ni un compromiso de aumentar la plantilla.
A día de hoy la plantilla desconoce cómo se pondrán al día con las inspecciones que se han dejado de hacer durante el conflicto. La próxima semana creen que empezará a negociarse un plan de choque y Llorente cuenta que es urgente. Está de acuerdo con el gobierno asturiano con que "hay que solucionarlo lo antes posible". Sin embargo, desde hoy se nota el efecto de la desconvocatoria de huelga y ya es posible conseguir cita para principios de marzo. Había muchos huecos que se dejaban libres durante la huelga, explica Llorente, y ahora están disponibles.
Respecto a la posibilidad de privatizar el servicio o abrirlo a la competencia externa, Llorente recuerda que es una amenaza con la que siempre conviven. No les preocupa, afirma, aunque defiende que la experiencia demuestra que el servicio público es la mejor opción.
Roqueñí no está desautorizada
El consejero de Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno del Principado Guillermo Peláez afirma que están "negociando con los trabajadores" los detalles del plan de choque para reducir la espera a consecuencia del conflicto de ITV. Peláez enfatiza la importancia del acuerdo para "evitar perjuicios" a los usuarios. Preguntado por Onda Cero sobre la postura crítica de Fade en el sentido de no tener en cuenta ni la eficacia ni la productividad así como impedir la entrada de empresas privadas en la inspección de vehículos, Peláez indica que lo importante es el acuerdo y entiende que los empresarios se posicionen "en favor de sus intereses". Por otro lado, el consejero niega que la consejera de Industria Nieves Roqueñí haya sido desautorizada porque la solución final haya venido de la mano de otros miembros del Gobierno y pone como ejemplo que ella se uniese a la reunión del Sasec para el acuerdo entre el comité de empresa y el Principado en la que fue su única presencia en estas reuniones durante el conflicto iniciado en noviembre.
Sin embargo, el PP pide la dimisión de Nieves Roqueñí. El diputado Rafael Alonso le reprocha inoperancia y dejadez.
