El Grupo Municipal de VOX ha registrado diez alegaciones contra el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que impulsa el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Granada. La formación denuncia que se trata de una imposición encubierta, que afectará gravemente a amplios sectores de la población y que ha sido desarrollada con opacidad.
Beatriz Sánchez Agustino, portavoz municipal de VOX, ha sido contundente: “Nos encontramos ante el último paso en la imposición de restricciones a la libertad de circulación en Granada”. Ha reprochado al consistorio, liderado por Marifrán Carazo, que “no ha informado públicamente del plazo para presentar alegaciones”, dejando fuera a muchos ciudadanos que podrían haberse pronunciado contra el proyecto.
Diez alegaciones contra la Zona de Bajas Emisiones en Granada
Mónica Rodríguez Gallego, viceportavoz de VOX, ha detallado las diez alegaciones centradas en lo que califican como “carencias, omisiones y errores graves” del proyecto.
Entre los principales puntos criticados:
- Falta de coherencia normativa, al estar vigente una ordenanza mientras el proyecto no está aprobado.
- Inexistencia de alternativas a las restricciones absolutas, incumpliendo el Real Decreto 1052/2022.
- Ausencia de datos que justifiquen la efectividad de la ZBE ni sus posibles beneficios.
- Promesas vacías sobre aparcamientos de borde, sin medidas que incentiven su uso.
- Cálculos presupuestarios desactualizados, especialmente respecto a ingresos por sanciones.
- Impacto social y comercial sin evaluar, dejando sin respaldo a los más vulnerables y al comercio local.
Rodríguez Gallego advirtió también de que el 71,8 % de los comerciantes consideran perjudicial la implantación de la ZBE, y acusó al gobierno municipal de basarse en fuentes parciales y poco rigurosas.
Sánchez Agustino fue más allá en sus declaraciones: “PP y PSOE van de la mano en la persecución al vehículo privado. Van de la mano de la imposición de restricciones que perjudican a los más vulnerables”
VOX considera que la ZBE no está pensada para Granada, ya que el proyecto la compara con ciudades como Madrid, Londres o Bruselas, que no comparten ni su tamaño, ni su estructura urbana, ni su dependencia del comercio de proximidad.
