El juez investiga cohecho, fraude y prevaricación en la trama corrupta de Granada

El Juzgado número 2 de Granada instruye desde el 2014 el conocido como caso "Serrallo", en el que hasta ahora estaban siendo investigados la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto (PP), un promotor y cinco altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento.

Pero, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un comunicado, las diligencias de investigación practicadas hoy tienen por objeto investigar la existencia de una trama corrupta en el Ayuntamiento de Granada (área de Urbanismo).

Por tanto, según fuentes judiciales, la investigación no se circunscribiría exclusivamente a lo relacionado con el caso "Serrallo", en el marco del cual ya declaró el pasado 10 de diciembre la concejala, lo que propició además una crisis en el gobierno municipal después de que Ciudadanos, que permitió la continuidad del PP en la alcaldía, le retirara su apoyo al no producirse el cese o dimisión de la edil tras su imputación.

La instrucción del caso "Serrallo" se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía por unos hechos que tenían su origen en 2006, cuando el Ayuntamiento adjudicó a la sociedad propietaria del Centro Comercial Serrallo Plaza una concesión administrativa en unos espacios libres para un parque de atracciones infantiles.

Los promotores decidieron no ejecutar esa concesión mientras no estuviera construido el centro comercial y, de hecho, finalmente el parque no fue realizado conforme a la concesión otorgada, según la denuncia inicial, que indicaba que se habría permitido construir en zona verde una sala de fiestas y un pabellón cubierto con pista de patinaje.

Las diligencias de investigación abiertas ahora por la presunta existencia de una trama corrupta han sido declaradas secretas por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, María de los Ángeles Jiménez.

En el marco de estas diligencias han sido detenidos esta mañana el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y la concejala de Urbanismo.

Los registros se están llevando a cabo en distintos domicilios particulares, en sedes sociales y oficinas públicas y privadas de empresas vinculadas a esta ciudad, entre ellos en el Ayuntamiento y la sede de Urbanismo, situada en un punto distinto de la ciudad.

La presencia policial se extiende también a las viviendas del alcalde y de la concejal.

Las detenciones no han sido llevadas a cabo por orden judicial, sino que han sido practicadas por la Policía Nacional en el marco de estas diligencias, han indicado a Efe fuentes de la investigación.

Según las fuentes, los detenidos declararán en las próximas horas ante el Cuerpo Nacional de Policía, en concreto en dependencias de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental, y con toda probabilidad quedarán en libertad con cargos a la espera de ser citados por la juez en los próximos días.