El informe jurídico elaborado por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente cita un versículo del Levítico "en el que se llega a prohibir comer murciélagos" para justificar el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de Medio Ambiente. "Está claro que estamos en manos de Dios en esta región" se queja Pedro Luengo de Ecologistas en Acción.
Terraferida asegura que el Govern ha aprovechado la crisis de la COVID-19 para "conceder más privilegios a los hoteleros y constructores, hacer rebajas urbanísticas ambientales y retroceder como sociedad".
Estudiarán acciones legales "que pongan fin a este vergonzoso despropósito".
Ecologistas en Acción considera que el Decreto Ley que modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada “se permite el aumento significativo de la contaminación del aire y del agua, el aumento de los residuos y se facilita el impacto urbanístico. Todo ello lejos de beneficiar al interés público, lo que hace es beneficiar intereses privados perjudicando al conjunto de la sociedad”. "No han aprendido nada del Mar Menor" dicen.
Entrevista al director general de Medio Ambiente, Francisco Marín.
El director general del Medio Ambiente, Francisco Marín, asegura que llevan ochos meses analizando las situación y tras escuchar a los funcionarios del departamento y a los diferentes sectores han acometido la reforma de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada para agilizar la tramitación de expedientes. "Lo hacemos para acortar plazos y evitar duplicidades”.
El portavoz de la formación, Marc Pérez-Ribas ha subrayado que su partido está a favor de "plantar cara al turismo de excesos", pero con iniciativas de "consenso", no "con medidas precipitadas".
ANSE llama "tramposo" al presidente López Miras "que brinda en bandeja a la promotora Hansa Urbana la posibilidad de demandar al ayuntamiento de Cartagena por cifras millonarias"
31/12/2019 12:43
ANSE llama "tramposo" al presidente López Miras "que brinda en bandeja a la promotora Hansa Urbana la posibilidad de demandar al ayuntamiento de Cartagena por cifras millonarias"
Para ANSE el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, aprobado por el Gobierno Regional y publicado en el BORM de 27 de diciembre, esconde algunas trampas que distan mucho de convertir a esta nueva norma en la solución a los problemas ambientales de la mayor laguna litoral española, y podría permitir la continuación de la tramitación de proyectos urbanísticos de gran impacto como Novo Carthago.
Julia Martínez asegura que han aprovechado el Decreto Ley del Mar Menor para quitar todo lo que no les gustaba de la Ley de Medidas Urgentes. "Es un claro retroceso"
La doctora en biología y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, Julia Martínez está analizado artículo por artículo el nuevo Decreto Ley para la Protección Integral del Mar Menor y está comprobando que es un "claro retroceso respecto de la Ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor de febrero de 2018 respecto a las limitaciones que imponía regadío intensivo". Martínez, que también pertenece a Ecologistas en Acción dice que "el Decreto Ley no será eficaz porque no avanza con respecto a la normativa que ya existente y en muchos aspectos retrocede" y cita como ejemplo que "los fertilizantes de alta solubilidad que estaban prohibidos con la Ley de Medidas Urgentes, ahora se permiten bajo ciertas condiciones y en algunos casos sin condicionantes pese a ser los más contaminantes”. Otro retroceso tiene que ver con la cesión del 5% de cada explotación agraria para la implantación de soluciones basadas en la naturaleza como la plantación de setos vegetales para frenar escorrentías y atrapar nutrientes que obligaba la Ley de Medidas Urgentes y ahora, explica Martínez, “con el nuevo Decreto Ley, los embalses computarán como superficie basada en la naturaleza y en la zona 2 que es todo el Campo de Cartagena se sustituyen las barreras vegetales por caballones. Incluso los invernaderos con sistemas para recoger agua de lluvia pondrán computar toda la superficie plástica como solución basada en la naturaleza cuando no tiene nada que ver”. Julia Martínez insiste en que los vertidos que siguen llegando al Mar Menor son agrícolas y urbanos y, por tanto, responsabilidad directa del gobierno regional que tiene competencias y subraya que es absolutamente necesario “desmontar agricultura en una franja de, al menos, 2000 metros alrededor del Mar Menor”.
El consejero Luengo insiste en que el éxito del decreto ley del Mar Menor va a depender de que lo interioricen los agentes implicados
El consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Luengo insiste en que el éxito del decreto ley de Mar Menor va a depender de que lo interioricen los agentes implicados. Luengo, que no considera criminales a los que plantan lechugas en el campo de Cartagena, cree que deben hacérselo mirar aquellos que de entrada piensan que el decreto ley que hoy se publica en el BORM va a ser ineficaz. Luengo asegura que la CARM dispone de dinero para incentivar el cambio de modelo agrícola en el Campo de Cartagena, aunque explica que "ese cambio de modelo se plantea a media y largo plazo" y que eso "no es lo realmente importante". Luengo ha explicado que han establecido una franja de 500 metros donde estará prohibido el uso de fertilizantes porque es donde los técnicos les han dicho que hay mayor afectación. Luengo no descarta ampliar esa franja en función de los resultados del estudio que ha encargado el Ministerio de Transición Ecológica que debe cuantificar los intercambios de agua desde el acuífero al Mar Menor. El consejero de Agricultura se ha comprometido a revisar con la alcaldesa de Cartagena el plan parcial El Vivero que proyecta la construcción de casi 700 viviendas en terrenos ganados al Mar Menor "por si hubiese afectación ambiental". Luengo también ha confirmado que denunciarán ante los tribunales de justicia el incumplimiento de la orden de paralización de una roturación de terreno de casi 100 hectáreas en Fuente Álamo donde siguen trabajando las máquinas pese a que la dirección general de Medio Ambiente ordenó la semana pasada paralizar las obras de roturación.