"No podemos ser un tapón para el desarrollo, pero quitarlo no va a ser un menoscabo para la salud ni para el medio ambiente"

Francisco Marín, que niega haber negociado el Decreto Ley con la patronal murciana CROEM como hicieron con la Ley de Aceleración Empresarial, dice que tras ocho meses de trabajo han creado el paraguas de evaluación ambiental de planes y programas, es decir, la evaluación ambiental estratégica que permitirá reaccionar a corto plazo ante la extraordinaria situación en la que nos encontramos. No podemos esperar dos años para adoptar medidas que deben ser a corto plazo”.

Marín, que niega que el Decreto Ley sea la respuesta a la no creación de la Ley del ARCA como pretendía el gobierno regional, asegura que en absoluto de trata de una reforma integral de la ley que sí habría requerido una proceso participativo. Y preguntado si no habría sido más interesante dotar de medios materiales y humanos su departamento para agilizar la tramitación ambiental dice que no puede pedir medios humanos de forma ilimitada. Marín asegura que ha negociado el Decreto Ley con los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional que deben convalidar el Decreto Ley.

Sobre dejar en manos de los ayuntamientos la evaluación ambiental de sus planes urbanísticos, Francisco Marín asegura que van a implantar el mismo sistema que hay en al comunidad valenciana. "Hace dos o tres años ya se está haciendo en la región con municipios de más de 50.000 habitantes" dice Marín y explica que los ayuntamientos no van a evaluar planes generales ni proyectos generales. Además, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes podrán convenir con la CARM para hacer las evaluaciones ambientales. Asegura Marín que han consultado con los ayuntamientos antes de aprobar el Decreto Ley “y nos hemos encontrado que para una pequeña modificación de ordenanza municipal para ampliar una acera llevábamos cinco años para tramitar un expediente porque entra en el mismo saco que el resto de expedientes que tramita la Comunidad Autónoma cuando eso lo puede tramitar el propio ayuntamiento”.

Sobre permitir un 30% más de emisiones a la atmósfera y de vertidos, Francisco Marín lo niega. Dice que nunca se podrán superar los valores legales de límite de emisión y en ningún caso afectará a la salud de las personas”. “Podremos emitir más a la atmósfera pero no se van a superar los valores límite legales y no vamos a afectar a la salud las persona ni supondrá un efecto significativo sobre el medio ambiente”.

“El principio que nos rige es de desarrollo sostenible lo que significa que hay que compatibilizar con el mismo peso el medio ambiente, la sociedad y la economía” dice Marín y añade que “el incremento del 30% sobre la pequeña empresa que ya emite poco no es significativo y las empresas grandes van a tener que seguir sometidas a evaluación de impacto ambiental”. Esto está pensado para la pequeña y mediana empresa cuya ampliación no implica un efecto significativo sobre el medio ambiente y seguirá cumpliendo los valores límite de emisión.

Marín niega que se trate de cambios legales introducidos con anterioridad en la Ley de Aceleración y anulados por el Tribunal Constitucional. El director general de Medio Ambiente ha explicado que el Decreto Ley ha clarificado la autorización ambiental integrada y la autorización sectorial que el Constitucional dijo que no se podían mezclar de forma que “las grandes empresas tendrán un 25% como marca la legislación estatal y las empresas con autorización sectorial tendrán un 35%”.

Sobre roturaciones ilegales de secano en regadío sin evaluación de impacto ambiental (superiores a 10 hectáreas) el director general de Medio Ambiente dice que solo tienen 1 ó 2 expedientes sancionadores abiertos. No sabe porqué no hay más denuncias “tenemos las denuncias que nos mandan los ayuntamientos o el Seprona”.