El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, defiende en el Congreso que este Gobierno no sanciona ideologías políticas. Veamos. Ni el Gobierno ni nadie. Porque en España no se castiga el libre pensamiento. Es más. Está protegido por la ley.
El ejecutivo con esas afirmaciones asume el argumentario independentista. Pero lo que es aún más grave. Está sugiriendo que el Supremo sí castigó por ideas políticas.
Si a eso le añaden que en el argumentario de los indultos hay una colección de reproches al Alto Tribunal tenemos un nuevo ataque del poder ejecutivo al judicial sin que a Pedro Sánchez ni a uno sólo de sus ministros le asome ni un leve rictus de pudor.
