El Gobierno de España lanzó este lunes una nueva propuesta para reformar radicalmente el acceso a la plaza de funcionario de nivel A1 y A2, que consiste en eliminar el modelo de examen tradicional y sustituirlo por un curso de posgrado gratuito de dos años, en el que accederían a la plaza quienes obtengan las mejores calificaciones. El funcionariado ha reaccionado de forma crítica ante esta iniciativa.
Para profundizar en el análisis de esta propuesta, Miguel Ondarreta ha conversado con Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. De la Herrán ha señalado que la mayor dificultad para acceder a la administración pública es precisamente el examen, y ha recordado que desde su asociación se han presentado propuestas que distintos ministros han preferido silenciar u omitir.
En relación con la denuncia sobre la extensión de los plazos para la obtención de las plazas, la representante ha asegurado que esos plazos son necesarios y que, además, suelen prolongarse por el ritmo de publicación de información del Gobierno.
De la Herrán ha criticado que este documento, que el Gobierno denomina de consenso, "no tiene nada de consenso y de administración abierta tiene menos". También ha denunciado que se publique en pleno verano, lo que dificulta una respuesta más elaborada por parte de los afectados. "Es un sistema a dedo", ha afirmado, comparando la propuesta con el modelo planteado para jueces y fiscales, donde —según ella— "el Gobierno de turno señala quiénes son los magistrados que van a actuar".
Es un sistema a dedo
La preparación y la transparencia los principales problemas
Para De la Herrán, la propuesta del ministro Óscar López presenta dos grandes fallos: por un lado, la falta de preparación, pues se sustituye una exigente preparación de tres o cuatro años por un simple test de carácter generalista; y por otro, la pérdida de seguridad y transparencia, ya que actualmente ni el corrector sabe quién ha hecho el examen y este es público, mientras que el método del posgrado de dos años podría derivar en una mayor opacidad.
Para finalizar, ha advertido del riesgo de "introducir el nepotismo en la administración pública" con esta nueva forma de acceso, que califica de proceso reactivo, conservador y excluyente, basado en "palabras huecas y conceptos difusos".
