El Gobierno ha presentado un nuevo modelo de acceso a la función pública que supone un giro radical en el sistema tradicional de oposiciones. Bajo el lema de una “Administración Abierta”, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública propone sustituir el actual sistema de examen directo por un itinerario formativo similar a un máster, completamente gratuito, para los aspirantes a puestos de los grupos A1 y A2.
El nuevo modelo, presentado por el ministro Óscar López y la secretaria de Estado, Clara Mapelli, establece una formación intensiva de dos años impartida por escuelas e institutos públicos. Esta formación se medirá en créditos ECTS (120 para el subgrupo A1 y 90 para A2) y culminará con un examen que los aspirantes deberán superar para obtener la plaza. En un intento de garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a esta formación será mediante una prueba inicial, y se ofertarán más plazas formativas que puestos vacantes. Los aspirantes que no superen el examen final recibirán un título con validez oficial por los estudios cursados.
Este sistema, según Mapelli, está diseñado para responder a los nuevos perfiles profesionales que exige la administración moderna y pretende romper con el modelo clásico basado en la tasa de reposición. Además, se integrará con el sistema de becas del Ministerio de Educación para asegurar el acceso igualitario a la formación.
La transformación se enmarca en el plan "Consenso para una Administración Abierta", que prevé una inversión de 43 millones de euros para modernizar la Administración Pública. Entre las medidas destacan la creación de una plataforma de Inteligencia Artificial propia, la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria y la integración de servicios administrativos en oficinas únicas, como Correos.
El ministro López ha descrito el plan como “la mayor evolución de la Administración desde Internet”, destacando que no solo responde a las exigencias de modernización interna, sino también a la llamada de la Comisión Europea a través de su Comunicación ComPAct, que instaba a mejorar los sistemas administrativos nacionales.
Así, el Ejecutivo pone en marcha un modelo innovador que combina formación reglada, digitalización y eficiencia administrativa, marcando un antes y un después en el acceso al empleo público. La implantación definitiva dependerá ahora del respaldo normativo y del consenso con las comunidades autónomas.
