Una jueza de Briviesca ha zanjadao el conflicto que enfrentaba a las exreligiosas de Belorado con el Arzobispado de Burgos. El veredicto es claro: deben abandonar el convento. "Dejarlo libre y expedito y a disposición" de la Iglesia, advierte el fallo judicial, que añade además una advertencia de desalojo forzoso si no cumplen con la orden de forma voluntaria.
Las exmonjas, que defendieron que vivían bajo el "juicio de Dios", se han topado ahora con el juicio terrenal de una magistrada que considera nulo cualquier intento de reconversión del monasterio en asociación civil. La separación con la Iglesia es, según el fallo, "integral". Una vez firmaron su manifiesto de ruptura el 8 de mayo, perdieron cualquier derecho sobre el convento y sus bienes. "Sus reuniones pasan a ser meras asambleas", reza la sentencia.
Las consecuencias inmediatas
La magistrada condena a las ocho exmonjas al pago de las costas judiciales. Solo se libran dos, una que ya había abandonado el convento antes del juicio y otra que se allanó al proceso legal. En paralelo, el Arzobispado recuerda que las cinco clarisas mayores que permanecen en el recinto, y que no se unieron al cisma, son quienes componen la "legítima comunidad monástica de Santa Clara".
Sin fecha clara de salida
Aunque el auto que fijaba la vista oral señalaba el 12 de septiembre como posible fecha del desahucio, el recurso que ha anunciado la defensa de las religiosas ante la Audiencia de Burgos deja todo en suspenso. Agosto, mes inhábil para la Justicia, también contribuye a que los plazos se dilaten.
Un nuevo camino en Asturias
A la espera de resolución firme, las exmonjas ya han empezado a construir otra vida lejos de Belorado. En Arriondas, Asturias, han alquilado un hotel donde han abierto un restaurante. Bajo el concepto de "restaurante de clausura", pretenden generar ingresos y mantener unidas a las integrantes de su nueva comunidad.
El origen de la ruptura
Todo comenzó en mayo de 2024, cuando un grupo de religiosas clarisas rompió con Roma, denunció al papa y se alineó con una corriente sedevacantista que no reconoce la legitimidad pontificia desde Pío XII. La respuesta eclesial fue fulminante: excomunión inmediata y requerimiento de abandono del monasterio. Ahora, la justicia civil también ha fallado en su contra.
