La salida de Óscar Puente se ha traducido en un aumento de las competencias de Carlos Cuerpos que asume provisionalmente la gestión del Ministerio de Transportes en un momento especialmente delicado tras el accidente de Urda.
Su llegada se produce cuando todavía continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía permanece interrumpida y el Gobierno tiene pendiente aplicar las nuevas medidas de seguridad anunciadas durante los últimos días.
Cuerpo compaginará estas labores compaginando con su cartera de Economía de manera transitoria hasta la formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. En este corto periodo tiene varios retos por delante, aunque lo más lógico por cercanía de la fecha es que no pueda culminar todos los trabajos.
1. Resolver el relevo en la presidencia de Adif
La primera cuestión pendiente es la dirección del administrador de infraestructuras ferroviarias. Luis Pedro Marco de la Peña presentó este miércoles su renuncia ante Carlos Cuerpo, durante la primera reunión que ambos mantuvieron tras la salida de Puente.
Marco de la Peña presidía Adif desde septiembre de 2024 y ya había comunicado al anterior ministro su intención de abandonar el puesto. Ahora Cuerpo debe designar a un nuevo cargo al frente precisamente cuando se están revisando los protocolos de circulación y las condiciones de seguridad de la red.
2. Recuperar la circulación entre Madrid y Andalucía
El segundo desafío de Cuerpo es restablecer el servicio ferroviario en el corredor afectado por el accidente de Urda, algo en lo que ha incidido Pedro Sánchez en el breve discurso en el que anunció su nombramiento.
La reapertura depende de la autorización judicial para intervenir en la zona del siniestro, de las reparaciones necesarias y de las comprobaciones técnicas que permitan garantizar la circulación.
Antes de su dimisión, Puente planteó reducir las frecuencias en la línea Madrid-Sevilla y utilizar trenes de doble composición para mantener el mayor número posible de plazas sin aumentar la densidad de circulación.
3. Aplicar las nuevas medidas de seguridad ferroviaria
La tercera prioridad será poner en marcha las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar la seguridad de la circulación, especialmente cuando se produzcan interrupciones de los sistemas automáticos de protección.
Entre ellas figura la doble supervisión de las órdenes transmitidas desde los centros de control a los maquinistas cuando falle el sistema de señalización, una de las cuestiones que ha centrado la investigación del accidente de Urda.
También se han planteado mejoras en las alertas informáticas, la formación de los operadores y las condiciones laborales del personal encargado de controlar el tráfico ferroviario.
4. Completar la sustitución del LZB por el ERTMS
Otro de los asuntos pendientes es la modernización de los sistemas de seguridad de la línea Madrid-Sevilla, donde el LZB continúa funcionando más de tres décadas después de su instalación.
En septiembre de 2025, Óscar Puente aseguró en el Congreso que la sustitución del LZB por el sistema europeo ERTMS se encontraba en su "fase final". Sin embargo, la migración seguía sin completarse cuando se produjo el accidente de Urda.
Las últimas previsiones sitúan la entrada en funcionamiento del ERTMS a principios de 2027, después de los retrasos acumulados en el proyecto. Cuerpo deberá supervisar la finalización de los trabajos y las pruebas necesarias para ponerlo en servicio
5. Recuperar la confianza de los viajeros y atender las exigencias de los sindicatos
La última cuestión afecta tanto a los usuarios como a los trabajadores del ferrocarril. Los accidentes de Adamuz y Urda han abierto una crisis de confianza en la alta velocidad, mientras los sindicatos reclaman mejoras en seguridad, mantenimiento y condiciones laborales.
El sindicato de maquinistas Semaf mantiene convocadas jornadas de huelga para los días 10 y 12 de noviembre, en las que exige el cumplimiento de los compromisos adquiridos después de los accidentes de comienzos de año. Otros colectivos ferroviarios también estudian movilizaciones.
A esta situación se suma la necesidad de ejecutar las inversiones comprometidas. El consejo de administración de Adif ha aprobado un acuerdo marco de financiación para el periodo 2026-2030 que contempla alrededor de 20.000 millones de euros para infraestructuras y mantenimiento.
