El ministro de Transportes, Óscar Puente, se enfrenta a la Diputación Permanente del Congreso a petición propia para informar de su gestión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado al menos 69 muertos y más de 200 heridos. Lo hace después de que el Consejo de Ministros haya aprobado un paquete de ayudas para los afectados.
Puente detallará el contenido de este decreto y el informe elaborado por su departamento en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Por la tarde, alrededor de las 17:00 horas va a dar cuentas a la Diputación Permanente, donde explicará la secuencia técnica del accidente, como la respuesta del Ministerio, Adif y Renfe, así como posibles cambios en los protocolos de seguridad.
Según las primeras investigaciones de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), el AVE circulaba a una velocidad estimada entre 160 y 220 kilómetros por hora. En un primer momento, el ministro apuntó a una orden "inexplicable" del centro de Control de Adif, que habría autorizado al AVE a reanudar con marcha normal, a pesar de que en la vía había un tren Iryo detenido tras el fallo del sistema LZB.
Socios y no socios piden su dimisión
Puente llega al Congreso con peticiones de dimisión de parte de casi todos los grupos parlamentarios, socios y no socios del Gobierno. Frente Amplio, Podemos, PNV, PP, Vox y Junts han reclamado su cese, mientras que PSOE, Bildu y ERC defienden esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.
Es más, Vox ya ha tomado sus propias medidas y se ha querellado contra el ministro ante el Tribunal Supremo, mientras que el PP se personará en la causa. Otros organismos como Comsisiones Obrearas (CCOO) le ha pedido que "se haga a un lado", mientras que el sindicato de maquinistas Semaf ha reclamado medidas para que el tren "vuelva a ser seguro".
El ministro ha rechazado dimitir, aunque llegó a poner su cargo a disposición de Sánchez, quien rechazó su dimisión por considerarla "injusta", según fuentes del Ejecutivo. Puente sostiene que su forma de asumir la responsabilidad es "dar la cara" y esclarecer lo sucedido.
Medidas adoptadas y ayudas que contiene el decreto aprobado
Tras el accidente se han tomado algunas medidas. Por ejemplo, Renfe ha decidido limitar a 40 kilómetros por hora la velocidad de los trenes cuando se caiga el sistema LZB, mientras que Semaf e Iryo han pedido por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) que revise los protocolos de circulación. Ambos solicitan que se aplique la marcha a la vista cuando los sistemas dejen de transmitir y el tren circule bajo BSL y ASFA.
Puente también dará detalles del decreto aprobado, muy similar al aprobado tras el accidente de Adamuz en enero, duplicará las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros, de tal forma que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros. También crea un mecanismo para anticipar esos pagos, sin esperar a que concluyan los procedimientos administrativos o judiciales.
Además, incluye un procedimiento especial de incapacidad temporal con "cobertura mejorada" para los lesionados y pondrá en marcha oficinas de atención integral y personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades donde vivan los afectados, para centralizar los trámites y dar apoyo.
