LEY DE BIENESTAR ANIMAL

El plazo que tienen los dueños de mascotas para hacer el nuevo cursillo, según la Ley

ondacero.es

Madrid | 17.02.2023 14:15

Imagen de archivo de un perro
Imagen de archivo de un perro | Unsplash / Pauline Loroy

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves el proyecto de la Ley de Bienestar Animal. Sin embargo, esta medida aún tiene que pasar por el Senado para su aprobación total y se caracteriza por la exclusión de los perros de caza. Asimismo, establece un curso que tienen que realizar los dueños de los perros que contará con un plazo determinado para realizarlo.

Curso obligatorio

La enmienda lanzada por el PSOE con el apoyo de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, establece un curso obligatorio para quien desee tener perro y para aquellos que ya lo tengan. El curso, que será de carácter gratuito, consistirá en una serie de pruebas para comprobar el comportamiento del animal.

En él, se incluyen pruebas con el propio dueño o con un tercero, que consistirían en que el animal realice tareas como guiarle sin correa, completar órdenes (tumbarse, alejarse...) o interacción con el entorno, entre otras.

El curso tendrá un plazo de dos años para realizarse y tendrá validez indefinida, según afirma el proyecto de Ley en su Artículo 30.

Sanciones por incumplir la ley

La ley establece una serie de infracciones que pueden castigarse con multas de hasta 200.000 euros.

En la lista de infracciones muy graves, se incluyen acciones como realizar la eutanasia de animales con medios inadecuados o por personal no cualificado; la cría, el comercio o la exposición de animales con fines comerciales por personas no autorizadas o la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales; o el uso de animales en actividades prohibidas, en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, entre otras.

Las sanciones a estos actos se penalizan con multas desde 50.000 hasta 200.000 euros. Por otro lado, el texto recoge que las autonomías, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pueden introducir, dentro del marco legal, especificaciones o graduaciones en el apartado de las infracciones y sanciones.