El PSOE mantiene su propuesta de limitar la controvertida autodeterminación del género en los menores. Los socialistas consideran que debe ser un juez quien autorice el cambio de sexo (que no de género) en el registro a los menores de 16 años y mayores de 12.
Esta es una de las 37 enmiendas parciales al proyecto de ley que el grupo parlamentario socialista ha registrado este lunes. En el proyecto de ley que el Gobierno remitió al Congreso, tras duras negociaciones con Unidas Podemos, los menores de 16 y mayores de 14 pueden cambiar de sexo en el registro "asistidos" por sus padres o tutores, y la intervención judicial se reserva para quienes tienen entre 12 y 14 años.
En esta propuesta, el PSOE ha tenido en cuenta las advertencias de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, contrarios a la libre autodeterminación del género en el caso de los menores.
Colectivos de mujeres feministas ven insuficientes las enmiendas
Diversos colectivos de mujeres feministas, contrarias a la libre autodeterminación de género, consideran que las enmiendas socialistas se quedan cortas.
La diputada socialista Carmen Calvo, encargada de negociar en su día el proyecto desde la Vicepresidencia del Gobierno con el Ministerio de Igualdad y crítica con algunos de sus puntos, ha subrayado este lunes la necesidad de que la norma que salga del Congreso sea "plenamente constitucional", "rigurosa" y "protectora de la infancia", ya que previsiblemente será recurrida ante el Tribunal Constitucional".
Eliminar el concepto de violencia intragénero
El PSOE también quiere eliminar del texto las referencias a la violencia intragénero (la que tiene lugar dentro de la pareja LGTBI) para evitar equiparar a las víctimas de ese colectivo con las de la violencia de género. Además, la actual regulación de la violencia doméstica y de la violencia de género ya da cobertura a todos los supuestos.
Intervención judicial para revertir un cambio de sexo en el registro
Sobre la posibilidad de revertir un cambio de sexo en el registro, mantiene que pueda hacerse pasados seis meses, pero plantea que para dar marcha atrás también sea necesaria la intervención de un juez.
En el ámbito del empleo propone eliminar la mención expresa a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans, en los planes de igualdad y no discriminación, al tiempo que reclama medidas de acción positiva para la contratación del colectivo.
Si se validan las enmiendas socialistas, las empresas de más de 50 trabajadores tendrán un año para adoptar medidas en favor de la igualdad de las personas LGTBI y un protocolo contra el acoso.
Por otro lado, el grupo insta a garantizar que en la valoración de la idoneidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar no exista discriminación para el colectivo LGTBI y plantea la necesidad de que los menores susceptibles de ser adoptados conozcan la diversidad familiar existente.
Ha registrado también propuestas para reforzar la atención sanitaria a las mujeres lesbianas y bisexuales, proteger a las mujeres trans en situación de prostitución, concretar el trabajo de los consulados españoles ante los matrimonios de parejas del mismo sexo y definir funciones de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Piden asimismo eliminar un artículo sobre la responsabilidad patrimonial y la reparación del daño cuando se discrimine a alguien por razón de sexo o género, al considerar que es una regulación "confusa" jurídicamente.
Protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural
Con el objetivo de reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural los socialistas sugieren en sus enmiendas estudiar el "sexilio", palabra con la que alude a la decisión de muchas personas de abandonar su lugar de residencia ante el rechazo o la discriminación que sufren.
Además de medidas que garanticen los derechos y oportunidades de las personas LGTBI en ese medio rural, instan a las administraciones públicas a promover un turismo diverso e inclusivo y consideran necesario prevenir el sinhogarismo entre este colectivo, a veces víctima de delitos de odio.
El plazo para presentar enmiendas al controvertido proyecto, que cuenta con el rechazo del PP y Vox, concluirá el miércoles, ya que la semana pasada, tras las presiones recibidas del Ministerio de Igualdad y de los colectivos LGTBI, los socialistas garantizaron que no habría más prórrogas.
