Así lo señala en una respuesta escrita a una pregunta del diputado socialista Antonio Hurtado, quien, en declaraciones a Efe, ha explicado que "estamos hablando de unos 40.000 bienes inmatriculados por la Iglesia, según datos facilitados por la propia institución".
Tras la elaboración del listado de los bienes que está realizando el Ministerio de Justicia, si se constata que la Iglesia ha inscrito bienes de dominio público como si fuesen privados, se procederá a "una depuración física y jurídica".
Esta "depuración" se hará conforme al "derecho sustantivo material", que a su vez está sometido a los principios constitucionales de "inalieanabilidad, imprescriptibilidad y inembargabilidad de los bienes de domino público", según figura en la respuesta parlamentaria del 5 de septiembre.
Esto significa, según Hurtado, que los bienes de dominio público, "la gran mayoría de los que ha inscrito la Iglesia a su nombre, no son transmisibles, no se pueden adquirir por posesión, ni se pueden embargar".
En la respuesta, Justicia recuerda que, conforme a la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, "queda prohibida la apropiación de los bienes de dominio público por parte de las personas jurídicas privadas, entre las que se encuentra la Iglesia Católica".
La Iglesia pudo registrar esos bienes a raíz de la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo en 1998 por el Gobierno del PP, que daba a esta institución la potestad de actuar como una institución pública.
El diputado ha señalado que, "aunque la Iglesia ha dicho que solo ha inscrito la posesión y no la propiedad, no es cierto, porque inmatricular significa inscribir en el registro por primera vez y la primera inscripción siempre es de propiedad".
Hurtado se ha mostrado seguro de que en el listado, que tiene previsto hacer público el Ministerio una vez lo tenga listo, "va a haber iglesias, catedrales, plazas públicas, murallas, edificios históricos, va a haber de todo".
El parlamentario ha puesto como ejemplo la Plaza del Triunfo de Córdoba, "que la Iglesia inmatriculó como si fuera suya", o el de la Mezquita, que registró a su nombre "pagando una tasa de 30 euros".
Finalmente, en la respuesta se asegura que correspondería a la Dirección General de Patrimonio del Estado y no al Ministerio de Justicia decidir si el Estado tiene algún derecho sobre dichos inmuebles, siempre sometido todo ello al derecho a la tutela judicial efectiva.
Para el parlamentario, la solución "más rápida" pasaría por que la Iglesia "corrigiese el error de inmediato y de forma voluntaria diese de baja los registros", ya que en caso contrario, el Estado "va a requerir de inmediato una rectificación de los registradores de la propiedad".
Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, ha exigido hoy al Gobierno que ponga en conocimiento de la Fiscalía las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en el caso que se demuestren fraudulentas "sin dudar ni un solo segundo", ha informado en un comunicado.
Mulet ha pedido que se regularice la situación y sean las administraciones públicas propietarias las titulares de "muchos de estos bienes y elementos robados, que les pertenecen a pesar de estas inmatriculaciones fraudulentas, sin necesidad de realizar ningún expediente más al respecto".
Además, ha solicitado que se depure "la posible actuación delictiva por parte de la Iglesia u otras personas jurídicas y funcionarios que hayan podido actuar contra el interés general de alguna manera".
