En medio del debate sobre la atención multilingüe en las empresas españolas, el gobierno y partidos independentistas negocian la obligatoriedad de que compañías de más de 250 empleados o con gran volumen de facturación tengan que ofrecer atención en catalán si así lo demanda el cliente, independientemente de la ubicación de la sede empresarial.
Esta propuesta, planteada en el marco de una enmienda impulsada por Junts y respaldada por ERC, Bildu y BNG, ha ocupado hoy las discusiones en el Congreso. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, intervino en los pasillos de la Cámara defendiendo que la implementación "es muy fácil, con Google Translate se puede hacer; es un tema menor".
Según Rufián, la intención es "fomentar las lenguas cooficiales en todos lados", extendiendo el acuerdo también al gallego y al euskera.
Reacciones y contexto político
El PSOE mantiene ambigüedad sobre el alcance concreto de la medida, y aún no aclara si la obligatoriedad se aplicará en todo el territorio nacional, como asegura Junts. No obstante, desde el Gobierno defienden que las lenguas cooficiales están reconocidas constitucionalmente y que empresas de suficiente tamaño deben poder atender en ellas al menos en las comunidades bilingües.
Google Translate como argumento de facilidad
La solución propuesta por Rufián ha suscitado críticas y bromas en redes sociales, donde se cuestiona tanto la sencillez de depender de un traductor automático para la atención al cliente como el propio nivel de dominio del catalán por parte del dirigente de ERC.
El portavoz ha insistido en que la implementación sería "muy fácil" gracias a "Google Translate", mientras reafirma el objetivo de promover las lenguas cooficiales y desdramatiza el debate sobre la dificultad de atender en catalán en cualquier parte de España.
Protagonismo político y disputa entre partidos
En sus declaraciones, Rufián también criticó a Junts por "apropiarse" del logro de este pacto y mostró sorpresa ante lo que considera excesiva polémica generada por "españoles muy españoles" respecto al uso institucional de idiomas reconocidos en la Constitución. El dirigente asegura que la medida surge de una enmienda conjunta fruto de la negociación de todos los socios de Gobierno y se enmarca en una ley en trámite parlamentario que pretende regular los servicios de atención a la clientela.
