El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido en Más de uno con Carlos Alsina que el acuerdo sobre el uso de las lenguas cooficiales en la atención al cliente debe resolverse con "sentido común". Mientras se negocia esa propuesta de Junts, Torres ha matizado que la obligación de atender en catalán, euskera o gallego no debería extenderse a todo el país, sino a los territorios donde esas lenguas son cooficiales. El ministro señaló:
Tenemos un anteproyecto que está sometido a enmiendas, y esas enmiendas han sido presentadas por Junts. Habrá sentido común al final
También recordó que "los partidos nacionalistas o independentistas defienden lógicamente lo máximo para sus territorios", pero que finalmente "esas pretensiones culminan en un acuerdo si queremos sacar adelante el anteproyecto".
Solo donde sea cooficial
Alsina le ha preguntado por ese "sentido común" que el propio ministro ha nombrado, cuestionando si se refiere a que la obligación se limite a las comunidades con lengua cooficial. Torres respondió:
Eso puede ser la propuesta que se eleve por parte de mi organización política. Indudablemente, llegaremos a un punto de acuerdo, estoy convencido
El ministro subrayó también que la convivencia lingüística no puede convertirse en un arma partidista.
No podemos hacer uso de las lenguas por temas políticos. Yo creo que es una riqueza de nuestro país. Esas lenguas fueron absolutamente anuladas durante los años de la dictadura. Hay una lengua oficial en el conjunto del país, pero hay lenguas oficiales en cada territorio acorde a sus estatutos y creo que tenemos que convivir en ello
En Europa
Torres también se refirió a la reivindicación en el ámbito europeo, donde el Gobierno intenta que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en las instituciones comunitarias:
Sería importante que diéramos el paso para que estas tres lenguas oficiales que están en sus estatutos de autonomía tengan cobertura en Europa. Es un avance. Siempre hemos tenido que ir poco a poco
De esta forma, el ministro socialista ha marcado distancia con la interpretación de Junts, que asegura haber pactado que la atención en catalán sea obligatoria en todas las grandes empresas de España, incluidas aquellas con sede en territorios sin lengua cooficial.
