En una época donde las innovaciones tecnológicas han hecho que nuestra vida privada esté cada vez más al alcance de todos, las leyes sobre el derecho a la intimidad están a la orden del día para proteger a cualquier ciudadano que quiera evitar que violen su privacidad y revelen momentos de su vida privada.
Sin embargo, en ciertas situaciones, contar con elementos de vigilancia es necesario para prevenir infracciones o fraudes en el entorno laboral.
La sentencia da la razón a la empresa
El debate sobre si la instalación de cámaras de videovigilancia en el entorno laboral constituye una violación de la privacidad de los trabajadores ha resurgido recientemente a raíz de una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).
El fallo judicial involucra a la compañía viguesa Domiberia, que, para quienes no la conozcan, se especializa en la producción de envases y un exempleado de la empresa, quien fue despedido tras ser captado por una cámara de seguridad mientras robaba artículos sin permiso.
El empleado, con 14 años de antigüedad en la empresa, había solicitado previamente trabajar en el área de luminaria, desde donde aprovechó para robar material en repetidas ocasiones. Entre los objetos sustraídos se encontraban una caja de repuestos, un cilindro y varias barras.
Aunque el trabajador inicialmente negó haber cometido los hurtos, finalmente admitió su culpa al ser confrontado con las imágenes de las cámaras. Sin embargo, consideró que el método utilizado por la empresa para descubrirlo fue desleal, alegando que la cámara de videovigilancia violaba su privacidad.
Por lo tanto, interpuso una denuncia solicitando una indemnización de 30.000 euros por daños y perjuicios, argumentando que la cámara de videovigilancia había violado su privacidad.
El tribunal dio la razón a la empresa
Finalmente, tanto el Juzgado de lo Social N.º 5 de Vigo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dieron la razón a la empresa, validando el uso de las imágenes como prueba de que su extrabajador había cometido el delito.
El Tribunal dictaminó que, en esta situación, la empresa había cumplido con su obligación de informar anticipadamente a los trabajadores sobre la instalación de cámaras, realizada en 2014. Asimismo, el exempleado estaba bajo "sospechas fundadas y suficientes de un comportamiento inapropiado".
