La Guardia Civil ha detenido al responsable de un criadero de perros en Santa Fe (Granada) y a un veterinario granadino acusados de mutilar a diez perros que el primero tenía a la venta cortándoles las cuerdas vocales.
En la operación, denominada Taciturno, se han intervenido cerca de 500 canes de distintas razas, según informa el Instituto Armado en un comunicado este domingo.
Esta operación está relacionada con las investigaciones desarrolladas el pasado 21 de noviembre en Vegas del Genil (Granada), donde agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) descubrieron un criadero clandestino en el que también les cortaban las cuerdas vocales a los perros de raza pomerania ruso y bichón maltés.
En dicha intervención, los agentes descubrieron un criadero de perros con 98 canes de distintas razas, como caniche, pomerania, chihuahua, bichón maltés y spitz, aparentemente bien cuidados y en buen estado de salud, pero algunos de ellos no podían ladrar porque les habían cortado las cuerdas vocales.
Avanzadas las investigaciones, los agentes del Seprona descubrieron que algunos de los perros intervenidos pertenecían o habían pertenecido a un criadero de Santa Fe. Con estos datos, los agentes decidieron inspeccionarlo junto con tres veterinarios de la Oficina Comarcal Agraria y descubrieron 479 perros de diferentes razas, diez de los cuales mostraban síntomas claros de que habían sufrido la misma mutilación.
Gracias a la colaboración del Colegio de Veterinarios de Granada, se comprobó que a los diez perros examinados se les había realizado la cordectomía, una práctica quirúrgica que requiere anestesia general, conocimientos exhaustivos de anatomía, cirugía y farmacología, y que si no está llevada a cabo por un veterinario y con un fin terapéutico se trataría de una práctica de intrusismo profesional y de maltrato animal.
Por otra parte la Guardia Civil ha descubierto que a 21 perros les habían implantado el microchip de otros, acción que tiene como fin dar cobertura legal a animales de procedencia desconocida y que solo puede realizar un veterinario.
A los presuntos autores se les imputan diez delitos relativos a la protección de la flora y la fauna por maltrato animal y 21 delitos de falsedad documental. Asimismo, al propietario del criadero se le acusa de un delito de intrusismo profesional al descubrir que había ejercido de veterinario sin serlo.
Los perros intervenidos han quedado a disposición judicial en las propias instalaciones del criadero.
