Puigdemont, junto a Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, están investigados por la Justicia española por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación.
La Audiencia Nacional solicitó cinco Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) pero el caso pasó después al Tribunal Supremo, que decidió retirarlas, petición que recogió la Fiscalía belga y se la trasladó al magistrado de la Cámara del Consejo de Bruselas, que hoy cerró el expediente en Bélgica.
La Fiscalía señaló que difundirá un comunicado oficial al respecto una vez concluyan los otros asuntos que debe tratar hoy ese tribunal de primera instancia y ante el que no comparecieron los implicados sino sólo sus abogados.
En cualquier caso, el Ministerio Público belga ya había informado cuando el Tribunal Supremo de España solicitó que se retiraran las peticiones de extradición que el cierre oficial del caso era una formalidad ya que el juez solo podría tomar nota y "constatar que el caso se ha vuelto irrelevante".
Junto a la retirada de las euroórdenes, las autoridades judiciales españolas también anularon las órdenes de búsqueda y captura internacional contra los cinco políticos secesionistas fugados, por lo que actualmente sólo se les reclama dentro del territorio español.
La Audiencia Nacional se ocupó inicialmente del caso y dado que los investigados no asistieron a la declaración ante el juez fijada para el pasado 2 de noviembre, ese mismo día trasladó las euroórdenes a Bélgica, a donde se habían trasladado días antes los cinco políticos mencionados.
Pero el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional de mayor rango en España y encargado de todas las causas relacionadas con el proceso separatista catalán, asumió el caso de Puigdemont, Ponsatí, Comín, Puig y Serret el pasado 24 de noviembre.
A continuación, el magistrado de ese tribunal encargado del caso, Pablo Llarena, solicitó a Bélgica que retirase las euroórdenes cursadas previamente contra los cinco políticos independentistas por la Audiencia Nacional para evitar que, en caso de ser extraditados, sólo pudieran ser juzgados por los delitos que reconozca la legislación belga