Rafael Catalá: "Si Anna Gabriel no va al Tribunal Supremo deberá decir por qué ella es distinta"

"Cada uno es responsable de sus actos, si alguna obligación tenemos los responsables políticos es la ejemplaridad, esa debería ser una característica que lamentablemente no siempre sucede", ha asegurado Catalá a los medios de comunicación antes de inaugurar el I Congreso Europeo de Derecho y Gastronomía.

Preguntado por la posible incomparecencia el miércoles de Gabriel ante el juez Pablo Llarena, el titular de Justicia ha dejado claro que la exdiputada de la CUP debería como cualquier otro ciudadano responder a esa cita y "defender sus planteamientos con todas las garantizas que existen".

Si no lo hace, ha añadido Catalá, tendrá que explicar muy bien a los ciudadanos, en especial en Cataluña por qué tiene "una condición distinta, por qué no tiene que cumplir las leyes y por qué no acude ante un tribunal cuando se le cita".

A juicio del ministro si Gabriel siguiese el mismo camino que el huido de la justicia Carles Puigdemont, su actitud "sería muy demostrativa" de como estas personas entienden la política "como un privilegio" y de cómo se ponen "al margen y por encima de la ley".

Respecto a las declaraciones en calidad de investigadas de las dirigentes de ERC, Marta Rovira, y del PDeCAT, Marta Pascal, el ministro ha explicado que este proceso judicial, en fase de instrucción, se está desarrollando "conforme a las reglas de Estado derecho y con todas las garantías", algo que no tiene que ver, en su opinión, con la responsabilidad de formar gobierno en Cataluña ni tampoco ya con el candidato Carles Puigdemont.

"No es un tema de personas sino una cuestión de partidos, quien comparece en las elecciones son los partidos y hay quien ha tenido la mayoría para formar gobierno y creo que ya va siendo hora que los ciudadanos catalanes tengan un gobierno que se ocupe de los problemas del día a día", ha añadido Catalá.

Y tras opinar que "no es razonable mezclar una cosa con la otra", el ministro ha considerado "razonable" que quien finalmente concurra a la investidura no estuviera sometido a "incertidumbres penales".