El pasado 22 de diciembre, el TC anuló la indemnización de 1.350,7 millones de euros para las empresas promotoras del proyecto Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.
En el nuevo escrito, firmado por el letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, se solicita al Constitucional que "confirme" los efectos de su sentencia sobre el caso Castor. Asimismo, se pide un requerimiento al Gobierno para que "cumpla y aplique" las medidas establecidas y para que, "con anterioridad a la adopción de cualquier nueva medida que implique la repercusión de la compensación a favor de la empresa concesionaria del proyecto Castor sobre los ciudadanos, ejerza la facultad que le otorga el título concesional para reducir su importe en función de la eventual existencia de dolo o negligencia en la gestión de la empresa".
Además, reclama solicitar al Gobierno para que "se abstenga de utilizar la figura del decreto ley para regular en el futuro lo aspectos económicos derivados de la extinción de la concesión del almacenamiento subterráneo de gas natural Castor".
El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS a la concesión de la instalación.
Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que pagó el Gobierno en noviembre de 2014 y que preveía cargar en el recibo del gas durante 30 años.