Miles de jueces y fiscales están llamados a la huelga contra una justicia "anticuada, obsoleta, insuficiente y lenta"

Esa falta de credibilidad se ha profundizado en las últimas semanas por los bandazos del Tribunal Supremo a la hora de decidir sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en la compra de viviendas con hipoteca y por el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Esta es la segunda vez que jueces y fiscales van a la huelga este año para reclamar mayor independencia y mejoras laborales y salariales. Ya pararon el pasado mes de mayo, cuando la actual ministra de Justicia, la exfiscal Dolores Delgado, secundó el paro.

El derecho de huelga de los jueces no está regulado por ley y ésta será la primera vez se les descontará la jornada de paro de su sueldo.

Delgado, que se sumó a la movilización de mayo, cuando era fiscal, no ha logrado convencer a sus antiguos compañeros de que desistan de su protesta, aunque esgrime que la mayoría de sus reivindicaciones están en tramitación parlamentaria y ha convocado por vez primera en 15 años la Mesa de Retribuciones de jueces y fiscales.

Durante los meses transcurridos desde el paro del pasado mes de mayo, las asociaciones de jueces y fiscales no ven avances en sus reivindicaciones relativas a la mayor independencia del Poder Judicial y a su mayor peso en la elección de los miembros del CGPJ.

Reclaman recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y que se creen más órganos judiciales para atender el incremento de la litigiosidad y exigen derogar el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no haya más medios.

La falta de regulación del derecho de huelga de los jueces ha hecho que sean las propias asociaciones las que hayan fijado una suerte de servicios mínimos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha ordenado que se cumplan todas las actuaciones "urgentes o inaplazables" o que afecten a derechos fundamentales para evitar "daños irreparables".

La anterior huelga fue secundada por más del 65% de los jueces y el 52% de los fiscales, según los datos que facilitaron las asociaciones, y obligó a suspender miles de diligencias y vistas en los juzgados.