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A LAS 12:00 SE CONOCERÁ LA SENTENCIA

Los acusados de los ERE, a la espera de conocer la sentencia por presuntamente malversar de 680 millones

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha convocado a las 12:00 a los procuradores y los 21 acusados del caso de los ERE para notificar el fallo que afecta, entre otros, a los dos expresidentes de la comunidad, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

ondacero.es
  Madrid | 18/11/2019

La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña dará su veredicto sobre una década de ayudas presuntamente adjudicadas mediante un sistema "opaco, injusto y arbitrario". El fallo llega once meses después de la finalización del juicio y más de una semana después de la celebración de los comicios generales del 10 de noviembre.

En esta causa se dilucidará si hubo o no comportamiento delictivo en la actuación de los que por entonces eran responsables de la Junta de Andalucía, que pudieron haber adjudicado ayudas a empresas que iban a realizar ERE de manera irregular por valor de 680 millones de euros entre los años 2000 y 2010, aunque en un primer momento se especuló con una cifra superior a los 800 millones.

El Ministerio Público cree que la opacidad del sistema de los ERE privó "de su derecho a acceder a estas ayudas a un número importante de trabajadores" afectados por reajustes laborales.

Además de Chaves y Griñán se sentaron en el banquillo seis exconsejeros a los que se acusaba de prevaricación y/o malversación. Se trata del exvicepresidente Gaspar Zarrías, el hombre que más poder aglutinó en Andalucía después de Chaves; Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo (Hacienda); José Antonio Viera y Antonio Fernández García (Empleo), y Francisco Vallejo, exresponsable de Innovación, del que dependía la agencia IDEA, que gestionaba a cada de la salían los fondos para pagar los ERE.

Chaves, expresidente de la Junta a lo largo de dos décadas, se enfrenta a una condena de hasta diez años de inhabilitación. Su carrera no se vería afectada por su carrera porque abandonó la política hace 15 años. Por su parte, Griñán, que dimitió como senador en junio de 2015 tras ser imputado, podría enfrentarse a seis años de cárcel por malversación continuada y 30 de inhabilitación, según la petición de Fiscalía. El resto de los acusados podrían ser condenados a penas de inhabilitación de entre 10 y 30 años y de entre seis y ocho años de cárcel.